El Gobierno aragonés del PSOE no recurrirá la condena penal del «caso Plaza»

El Gobierno aragonés del PSOE no recurrirá la primera sentencia penal dictada por el entramado de corrupción del «caso Plaza» , la que ha condenado a cuatro años de prisión al que fue viceconsejero de Obras Públicas, el socialista Carlos Esco , por entender el tribunal que está probado que cometió un delito de malversación. A la misma pena han sido condenados el constructor y expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias , y el que en ese momento era gerente de la empresa pública Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza S.A.), Ricardo García Becerril .

La sentencia , que se hizo pública hace una semana, establece que los tres condenados deberán indemnizar a Plaza S.A. con 8,74 millones de euros, por los fondos públicos que malversaron.

El fallo les impuso una condena de prisión sustancialmente menor a la que pedían las acusaciones: la Fiscalía solicitaba para ellos 8 años de prisión, y el Gobierno aragonés y Plaza S.A. reclamaba 6 años de cárcel. Los escritos de acusación se formularon en la anterior legislatura, cuando al frente del Ejecutivo autónomo estaba Luisa Fernanda Rudi (PP).

Quedaba por conocer si el actual Gobierno aragonés que preside el socialista Javier Lambán iba a recurrir la sentencia de la Audiencia de Zaragoza, dado que las penas impuestas a los acusados eran inferiores a las que reclamaba la Administración autonómica. Finalmente, sin embargo, el Ejecutivo regional confirmó este miércoles que no va a recurrir la condena penal, aunque sí la responsabilidad civil. El objetivo es que Esco, García Becerril y Agapito Iglesias paguen 4,33 millones de euros además de los 8,74 que la sentencia les ha obligado a abonar de forma conjunta y solidaria a la empresa pública Plaza, sociedad perteneciente al Gobierno aragonés.

El PP pidió al Gobierno aragonés del PSOE que recurriera el fallo en busca de unas mayores condenas. Así lo reclamó nada más de hacerse pública la sentencia, la semana pasada.

El Ejecutivo de Lambán ha explicado que ha decidido no recurrir la sentencia penal y sí la responsabilidad civil porque así lo han aconsejado sus servicios jurídicos. En el informe que han emitido afirman —según han indicado fuentes del Gobierno aragonés del PSOE— que «la sentencia es, en principio, favorable a la Comunidad autónoma y a la Hacienda Pública autonómica», aunque existe «margen jurídico» que aconseja «la interposición y preparación del recurso de casación para reclamar 4,33 millones de euros».

Esta ha sido la primera sentencia por las varias causas penales abiertas en torno a la presunta trama de corrupción que campó en la empresa pública Plaza durante los años en los que estaba al frente del Gobierno aragonés el socialista Marcelino Iglesias. El caso se destapó en la pasada legislatura, cuando el Ejecutivo regional decidió denunciarlo ante la Justicia. Estimó que ese entramado de corrupción e irregularidades cometidas en Plaza le costaron a las arcas aragonesas cerca de 200 millones de euros.