Cultura
La Generalitat se contradice en sus valoraciones sobre los bienes de Sijena
Presume de que las 53 piezas devueltas son las de «escaso valor» de las 97 que compró ilegalmente entre 1983 y 1994, pero en ese momento las tasó en cuatro veces más que las 44 que aún no ha devuelto
![Técnicos del Gobierno aragonés, durante el desempaquetado y catalogación de las 53 obras de arte que han regresado a Villanueva de Sijena](https://s2.abcstatics.com/media/espana/2016/07/27/arte_sijena-U10108044856bBG--1190x800@abc.jpg)
La Generalitat afirma que las 53 obras de arte del Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) que ha devuelto a Aragón son las de menos valor de las 97 que adquirió ilegalmente -según sentencia judicial- entre los años 1983 y 1994. Sin embargo, documentos oficiales contradicen la versión que ha dado el Gobierno de Puigdemont.
En los contratos de compra-venta formalizados por la Generalitat se tasaron esas piezas en 40 millones de pesetas de los de entonces, mientras que las 44 piezas restantes -que sigue reteniendo la Generalitat en el Museo de Lérida- se valoraron en 10 millones de pesetas, según datos aportados por fuentes oficiales de Aragón. Es decir, por las de menos valor -según dice ahora la Generalitat- pagó cuatro veces más que por las supuestamente más valiosas .
Esas 53 obras de arte que en la tarde de este martes regresaron al Monasterio de Villanueva de Sijena se encontraban en el barcelonés Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Según la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, eran obras de «escaso valor» y por eso -dijo- «nunca habían sido expuestas».
Las 44 piezas que aún no ha devuelto la Generalitat continúan en el Museo de Lérida , de cuyo consorcio rector forman parte, junto al Gobierno catalán, la Diócesis leridana y el ayuntamiento y diputación ilerdenses.
Aragón ha pedido judicialmente que la Policía intervenga ante el desacato consumado de la Generalitat con la sentencia del caso Sijena, por no haber devuelto todas las piezas de Sijena, y las que ha entregado las ha enviado fuera de plazo. La orden judicial que obligaba a la Generalitat a devolver al completo esa colección (97 piezas) expiró a las doce de la noche del pasado lunes.
El Gobierno de Puigemont sigue instalado en su tesis de que las «leyes catalanas» están por encima de las órdenes judiciales, tesis que engarza con el desafío secesionista del independentismo catalán.
De hecho, la Generalitat ha dejado claro que esas 54 piezas que ha devuelto las ha entregado saltándose las órdenes de la juez que ha llevado el caso y haciendo gala de la primacía del Gobierno catalán a la hora de decidir cómo y cuándo atender el requerimiento de la Justicia. Además, con esa misma tesis de la supremacía de las «leyes catalanas», persiste en retener las 44 obras de arte restantes que la juez también les había ordenado devolver a Villanueva de Sijena antes de las doce de la noche del pasado lunes.
«Desobediencia manifiesta»
Para el abogado del Ayuntamiento de esa localidad oscense, Jorge Español , la actitud reiterada ayer por la Generalitat no hace más que «hacer todavía más clara y manifiesta la desobediencia judicial» del Gobierno catalán . Por eso, ha anunciado que hoy mismo va a formular una nueva solicitud a la juez de Huesca que lleva el caso, para que envíe a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional a incautarse de las 44 piezas que siguen retenidas en el Museo de Lérida, controlado también por las autoridades catalanas -las 53 entregadas ayer estaban en el barcelonés Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC)-.
«La desobediencia judicial de la Generalitat no es de recibo y debe tener una respuesta contundente del Estado de Derecho» , insistía ayer en declaraciones a ABC el letrado Jorge Español. En similar línea se expresó el Gobierno de Aragón, que ayer mismo acordó igualmente dirigirse al juzgado oscense para que disponga de las medidas coercitivas necesarias frente a la Generalitat para preservar «el Estado de Derecho».
Pendientes de la Fiscalía
Villanueva de Sijena también ha reclamado a la juez que recurra a la Fiscalía, al entender que la Generalitat ha incurrido en los delitos de desobediencia judicial y apropiación indebida. Y que, por tanto, cabría emprender acciones penales contra el Gobierno de Puigdemont.