Política
Las elecciones autonómicas les costarán a los aragoneses cuatro millones de euros
A esta factura, que tiene que asumir el Gobierno regional, se añade el coste de los comicios municipales y europeos, que van con cargo a la Administración del Estado
Las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo le costarán a Aragón cuatro millones de euros en números redondos, según la previsión de gasto que ha presupuestado al efecto el Gobierno regional. En esta ocasión, el pago de los comicios autonómicos le supone al Ejecutivo aragonés un problema añadido, porque tiene que habilitar el dinero de forma especial, al no tener presupuestos al día y manejarse con las cuentas prorrogadas de 2018.
En esas cuentas prorrogadas no hay dinero para hacer frente a la organización de los comicios de mayo, así que el Gobierno aragonés va a tener que reucurrir a soluciones técnicas extraordinarias para habilitar los cuatro millones de euros de gasto electoral. Eso, dividido por el número de votantes efectivos, deja un coste de unos seis euros por cabeza -en los comicios autonómicos de 2015 votaron apenas 670.000 aragoneses, aunque estaban llamados a las urnas un millón-.
Ese importe incluye la organización del dispositivo electoral propiamente dicho -papeletas, personal, urnas...-, así como las subvenciones que reciben los distintos partidos por el mero hecho de participar en los comicios, a lo que se añaden luego los fondos públicos que se les transfieren según los resultados que hayan obtenido en las urnas -se les paga en función de los votos y de los escaños que hayan obtenido en las Cortes regionales-.
Pese a lo abultado de la cifra, esos cuatro millones de euros no será el coste total que dejará en Aragón la jornada electoral del próximo 26 de mayo. La «factura» final será considerablemente superior, porque esos cuatro millones hacen referencia, exclusivamente, a la parte de las elecciones autonómicas; pero ese mismo día los ciudadanos tendrán ante sí, junto a la urna para las Cortes de Aragón, otras dos urnas: una para elegir a sus respectivos ayuntamientos, y otra para el Parlamento Europeo. La organización de esos comicios municipales y europeos conlleva su propio coste, asumido en este caso por el Estado.
