Coronavirus
Denuncian ante la Fiscalía el abandono de las residencias de ancianos de Aragón durante la pandemia
La Asociación Defensor del Paciente ha promovido la denuncia, tras un informe emitido por el Justicia de Aragón
La situación de abandono que sufrieron las residencias de ancianos aragonesas durante la pandemia, y que ha evidenciado un reciente informe del Justicia de Aragón, ha sido denunciada ante la Fiscalía . La Asociación Defensor del Paciente considera que las anomalías descritas en el informe del Justicia pueden ser constitutivas de delito y que por ellas debe responder la Administración. Queda por ver ahora si la Fiscalía considera procedente abrir una investigación al respecto y depurar responsabilidades.
El caso compromete de lleno al Ejecutivo autonómico, ya que son las administraciones regionales las que tienen asumidas las competencias de servicios sociales y la tutela de los geriátricos, tanto públicos como privados. Desde la oposición, sin embargo, no se ha adoptado hasta el momento ninguna iniciativa de exigencia de responsabilidad al Gobierno autonómico por lo desvelado en este informe oficial.
«Los gobiernos están para proteger y no poner en riesgo la vida» de los ancianos «evitando su atención» , indica la Asociación Defensor del Paciente. Esta entidad sostiene en esta región «se ha podido producir, como en otras comunidades, un presunto delito de omisión del deber de socorro, máxime cn personas indefensas y sin posibilidad de 'huir' para ser atendidas».
Desabastecimiento de material básico de protección para sus trabajadores, deficiente atención a los ancianos por parte de la Sanidad pública, falta de protocolos sociosanitarios para hacer frente al virus, escasez de personal y ancianos sometidos a «situaciones de casi arresto domiciliario» son algunas de las anomalías que el Justicia describe en su informe y que la Asociación Defensor del Paciente ha decidido poner en manos de la Fiscalía.
Por su parte, desde el Gobierno aragonés se ha defendido la gestión que ha llevado a cabo desde que comenzó la pandemia. El duro informe del Justicia de Aragón, de momento, no ha generado reacción política en la oposición, que lidera el PP junto a Cs y Vox. No se ha adoptado ninguna iniciativa parlamentaria ni exigencia de responsabilidad hasta el momento frente al Gobierno autonómico, que preside el PSOE en coalición con Podemos, la Chunta y el PAR.
En su informe, el Justicia de Aragón, el exjuez Ángel Dolado, destaca la desorbitada cifra de contagios y de muertes por coronavirus que se han producido en las residencias de esta región, que destacó durante la primera oleada por la elevada tasa de defunciones que se concentró en geriátricos. En aquellos meses, de todas las muertes por coronavirus, más del 80% se registraron en residencias. En todo lo que llevamos de pandemia, en Aragón el 70% de las defunciones por Covid-19 se han dado en geriátricos. Esta comunidad autónoma acumula más de 900 muertes y 5.000 contagios de coronavirus en residencias de tercera edad.
El Justicia también ha destacado que las residencias sufrieron un fatal desabastecimiento de medios básicos de protección, lo que expuso a la transmisión tanto a los trabajadores como a los internos de las residencias durante meses. Y, entre otros apartados, critica que los internos de residencias no fueron atendidos por los servicios sanitarios en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Esas y el resto de anomalías que recoge el informe del Justicia de Aragón son las que, según la Asociación Defensor del Paciente, han de dar lugar a una investigación judicial para la depuración de responsabilidades incluso penales.
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