Tribunales

El colapso de la Fiscalía de Menores de Zaragoza deja delitos impunes por no juzgarlos a tiempo

CSIF denuncia que la situación es «totalmente desesperada» por el aumento de casos y la falta de personal

Dependencias de la Fiscalía de Menores de Zaragoza

R. P.

La Fiscalía de Menores de Zaragoza está colapsada por el aumento de casos y la falta de personal . La saturación ha llegado a tal punto que hay delitos que quedan impunes porque sus presuntos autores no son juzgados a tiempo y las diligencias prescriben.

Así lo ha denunciado el sindicato CSIF , que ha calificado la situación de «totalmente desesperada» y critican la pasividad de la Dirección General de Justicia del Gobierno aragonés, a la que han advertido del problema pero ni ha dado solución ni ha dicho cuándo piensa hacerlo.

El 15 y 19 de noviembre, CSIF envió sendos escritos a la directora general de Justicia del Gobierno aragonés, María Ángeles Júlvez , en las que le solicitaron «la cobertura inmediata de todas las plazas y el nombramiento de personal de refuerzo». Sin embargo, han criticado que «la única respuesta» que han obtenido es que «están esperando a negociar con las organizaciones sindicales las relaciones de puestos de trabajo que conformarán la nueva oficina fiscal y, con ello, tener dimensionadas el número de plazas necesarias».

CSIF ha explicado que la oficina de la Fiscalía de Menores es atendida por seis funcionarios por cuyas manos pasa la tramitación de más de 3.500 asuntos cada año. Este 2019 se prevé cerrar con un incremento de casos del 10% respecto a 2019.

Según este sindicato, «una de las causas del aumento de trabajo es el incremento de casos relacionados con los menores extranjeros no acompañados (menas)» . Desde 2016, este tipo de expedientes se ha disparado un 33% en la Fiscalía de Menores de Zaragoza.

«La carga de trabajo es inasumible», insisten desde CSIF, mientras critican un tercer factor que está provocando el colapso: la implantación de un nuevo sistema informático de gestión judicial, el denominado Avantius, que se implantó en 2018 y que «empeoró la situación». «Ha provocado el desbordamiento total de la carga de trabajo, haciéndola inasumible», afirman desde esa organización sindical.

Estos funcionarios recuerdan que la legislación de menores limita considerablemente los plazos en los que deben tramitarse los casos. «Los delitos leves cometidos por menores prescriben a los tres meses», han indicado las mismas fuentes. Y «debido a la falta de medios, hay asuntos que no se llegan a juzgar, como hurtos por valor de menos de 400 euros».

CSIF ha puesto un ejemplo tipo al respecto: «en el caso del robo de un móvil, pasados tres meses de la denuncia, el menor queda impune y la persona que lo ha denunciado no recupera ni el móvil ni el dinero».

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