Tribunales
Cárcel para la farmacéutica de un pequeño pueblo de Teruel por estafar a la Sanidad pública
Falsificó cientos de recetas para cobrar fraudulentamente más de 22.000 euros a la Administración autonómica
La farmacéutica de Palomar de Arroyos , un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, ha sido condenada a 20 meses de prisión por estafar reiteradamente a la Sanidad pública aragonesa mediante la falsificación de cientos de recetas. Pese a la condena, no llegará a entrar en la cárcel , al haberse llegado a una sentencia pactada y a no tener antecedentes penales por causas previas.
El caso se remonta a mayo de 2014. A raíz de la denuncia de un jubilado que detectó anomalías en sus recetas, se abrió una investigación que condujo a la deteción de la farmacéutica de Palomar de Arroyos, Amparo Armiñana, quien llegó a ser enviada a prisión provisional por un tiempo.
La investigación de aquel caso hizo sospechar a la Guardia Civil que había una red más extensa, a nivel nacional, de fraudes con medicamentos en los que estarían implicadas diversas farmacias y distribuidores. Aquello desembocó en la denominada «operación Convector» , que llegó a sumar más de 80 imputados. Se clausuraron preventivamente una quincena de farmacias en las provincias de Zaragoza y Teruel, y se actuó durante la investigación contra varias decenas más de farmacéuticos de otras provincias españolas. Pero, finalmente, aquellas diligencias quedaron en nada. El pasado febrero, la Audiencia Nacional decretó el sobreseimiento de la causa por no ver indicios suficientes de delito.
Sin embargo, el primer eslabón de esa investigación, la farmacéutica de Palomar de Arroyos, sí que llegó a ser procesada. En su caso incurrieron evidencias de falsedad documental y estafa a la Administración pública aragonesa. El juicio estaba señalado para esta semana, pero no ha hecho falta celebrar vista oral porque la acusada ha confesado, ha aceptado los hechos y eso le ha permitido pactar una condena con el Gobierno aragonés y con la Fiscalía .
Amparo Armiñana ha sido condenada a 20 meses de prisión, al pago de una multa de 3.600 euros y a indemnizar al Gobierno aragonés con 22.090 euros por el dinero que le cobró fraudulentamente mediante recetas falsificadas.
La farmacéutica ha aceptado su culpabilidad por los delitos de falsedad documental y estafa. Falsificaba recetas que enviaba a la Consejejería de Salud del Gobierno aragonés para que se las abonaran, como si realmente hubiera expedido esos medicamentos a particulares por prescripción facultativa. Cobraba esas recetas y, además, eso le permitía «blanquear» la puesta en circulación de medicamentos y poder revenderlos de forma fraudulenta.
Amparo Armiñana ha aceptado haber falsificado 190 recetas electrónicas y otras 247 recetas en papel.
En esta causa fueron imputados también una hermana de la farmacéutica -médico de profesión- y el dueño de una parafarmacia sitauda en Enguera (Valencia), pero ambos han sido absueltos.
