El arzobispo de Zaragoza se libra de ser juzgado por espionaje laboral

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha sido exonerado de la acusación de espionaje laboral con la que le denunció, meses atrás, una abogada que trabajaba en el tribunal eclesiástico territorial que ve las causas de nulidades matrimoniales.

El enredado caso se había larvado durante tiempo, en medio de una soterrada pugna entre miembros enfrentados del Arzobispado que hundía sus raíces incluso en la etapa previa a la llegada de Vicente Jiménez. Por redes sociales corrieron mensajes que atacaban directamente al prelado y a otros miembros de su equipo en el Arzobispado zaragozano, coincidiendo con el cese de su antecesor, Manuel Ureña , quien abandonó el cargo después de pagar a un diácono 60.000 euros por abandonar la carrera sacerdotal . El diácono había denunciado ser víctima de acosos sexuales por parte del párroco de Épila (Zaragoza).

Ureña se fue y llegó Jiménez . Y las pugnas internas entre sectores del Arzobispado fueron a más. La abogada María del Carmen Amador , que trabajaba en el tribunal eclesiástico territorial, fue acusada de ser una de las líderes de los mensajes difamatorios contra el prelado Vicente Jiménez y su círculo . La abogada fue destituida por estos hechos. A su vez, ella denunció al arzobispo de un delito de revelación de secretos, por haber espiado ilegalmente su ordenador y su teléfono móvil.

El enredo se va despejando poco a poco, pero todavía sigue. De momento, el caso del presunto espionaje ha quedado zanjado. Vicente Jiménez no será juzgado por un delito de revelación de secretos. Un juez le imputó, pero ahora la Audiencia acaba de anular dicha imputación. Considera la Audiencia de Zaragoza que, efectivamente, el arzobispo ordenó inspeccionar los datos del ordenador y del móvil de la abogada. Pero determina que aquella decisión fue «legítima, justificada, proporcional e idónea para la finalidad pretendida» , esto es, para averiguar quién estaba difundiendo ataques contra el arzobispo y su equipo a través de las redes sociales.

A tenor de los datos que obtuvieron aquellas investigaciones ordenadas por el prelado, la Audiencia reconoce ahora que hay indicios de que, efectivamente, la abogada y extrabajadora del Arzobispado habría participado activamente en la difusión de mensajes difamatorios contra Vicente Jiménez.

Ahora, las acusaciones se dirigen contra esa abogada, que se enfrenta a una acusación por supuesta apropiación indebida de 3.800 euros , procedentes de tasas abonadas al tribunal eclesiástico por quienes acudieron a él para resolver casos de nulidades matrimoniales. María del Carmen Amador sigue imputatada por esa denuncia, al igual que el sacerdote y ex juez viacario Roberto Ignacio Ferrer Sarroca. Ambos niegan que se apropiaran de ese dinero.