Sociedad
El arzobispo de Zaragoza declara ante el juez por un caso de espionaje laboral
Ha sido imputado en las diligencias por supuestos delitos contra la intimidad de una extrabajadora. Él lo niega
El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez , declaró este viernes en el juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa en calidad de imputado, por un supuesto caso de espionaje laboral que tuvo lugar en su archidiócesis y del que habría sido víctima una extrabajadora de esta institución eclesiástica. El arzobispo niega que hiciera nada ilegal.
Giménez consta como uno de los imputados en la causa, tras la denuncia que en su momento presentó la abogada y exnotaria eclesiástica María del Carmen Amador . Denunció que había sido violentada la intimidad de sus comunicaciones informáticas y telefónicas mediante un acceso ilegal por parte de terceros a su ordenador del trabajo. Todo ello en plena marejada por enfrentamientos internos que se lastraban entre colectivos de la archidiócesis desde hacía tiempo. De hecho, María del Carmen Amador también ha sido denunciada por el arzobispado por supuestas irregularidades documentales y económicas, y por lanzar injurias a través de anónimos.
Aunque el arzobispo presentó un recurso contra su imputación, el juez que lleva el caso del presunto espionaje ha decidido seguir adelante, mantenerlo como investigado y tomarle declaración para seguir adelante con la instrucción de las diligencias.
Durante su comparecencia ante el juez que lleva el caso, el arzobispo de Zaragoza negó las acusaciones. Insistió en que no promovió ni autorizó un espionaje ilícito en el ordenador de la extrabajadora. Asegura que se hizo un volcado de datos, pero después de que se le notificara que estaba despedida.
El enrevesado caso se remonta tiempo atrás y, a su vez, está vinculado con la etapa final del antecesor de Jiménez al frente del arzobispado de Zaragoza , José Ureña, quien en noviembre de 2014 fue apartado del cargo desde el Vaticano tras detectar una inusual indemnización que pagó a un joven diácono al que abonó más de 100.000 euros para pactar su conformidad tras indicarle que no iba a ser ordenado sacerdote. Aunque el relevo de Ureña fue presentado como una renuncia personal, posteriormente trascendió que en realidad había sido forzado por el Vaticano.
En el seno del arzobispado surgieron tensiones y enfrentamientos internos. Un grupo -del que formaba parte la exnotaria- se mostró crítica con la gestión de Ureña. Al parecer, corrieron mensajes por Whatsapp apuntando a la existencia de graves irregularidades económicas y a oscuras tramas en la cúpula del arzobispado.
