Aragón sube el sueldo a sus más de 55.000 empleados autonómicos: costará 40 millones de euros

El Gobierno aragonés aprobó este lunes subir el sueldo un 2% a sus más de 55.000 empleados públicos . El Ejecutivo regional formaliza así lo acordado con carácter general por el consejo de Ministros el pasado 21 de enero. La subida salarial surtirá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Esta subida salarial aprobada por el Gobierno aragonés beneficiará a los alrededor de 56.000 empleados públicos que tiene a sueldo el Ejecutivo autónomo en el conjunto de su sector público: la Administración de la Comunidad autónoma, el Servicio Aragonés de Salud y el resto de empresas públicas, entes, fundaciones y consorcios que completan el sector público autonómico.

El incremento del 2% que se va a aplicar con efectos desde el 1 de enero tendrá un coste de unos 40 millones de euros a lo largo del presente año . El Gobierno aragonés se gastó el año pasado 2.166 millones de euros en costes de personal, cifra sobre la que se aplica ahora esa mejora salarial del 2%.

Fuentes del Ejecutivo aragonés han explicado que «el alza salarial responde a un compromiso alcanzado entre el Gobierno de España y los sindicatos en 2018, pero ha tenido que esperar a que se superara la situación de interinidad del Gobierno central para hacerse efectiva».

Las retribuciones del personal funcionario de la Administración de la Comunidad autónoma de Aragón se fijan por acuerdo del Consejo de Gobierno en los términos que indica Ley de Presupuestos Generales del Estado o las normas equivalentes en materia de retribuciones. Por eso, el acuerdo adoptado este lunes por el Consejo de Gobierno es preceptivo para dar luz verde a la mejora de los salarios de los empleados públicos autonómicos de Aragón.

Desde el Ejecutivo regional han defendido esta nueva subida salarial, que se suma a las que se han producido en los dos últimos años. El Gobierno aragonés ha indicado a través de un comunicado que «las subidas salariales aprobadas en los dos últimos años suponen una mejora directa de las condiciones del personal que trabaja para la Administración Pública, que experimentó una pérdida de poder adquisitivo durante los años de mayor dureza de la crisis económica».