Sociedad
Aragón quiere negociar bilateralmente con el Estado la gestión de su parte del Ebro
La región elaborará otra Ley de Aguas, tras el varapalo recibido desde el Tribunal Constitucional
El Gobierno aragonés PSOE-Chunta aboga por negociar bilateralmente con el Estado la gestión de las aguas de la cuenca del Ebro que surcan esta región . Es la fórmula por la que se inclina el presidente regional, Javier Lambán, después de que la Ley de Aguas que se aprobó en la anterior legislatura -impulsada por el PAR con el concurso del PP- haya sido tumbada por el Tribunal Constitucional en algunas de sus partes más relevantes.
La fórmula lanzada por Lambán, sin embargo, se antoja complicada. De hecho, la bilateralidad en la gestión de los recursos hídricos es algo que viene despertando recelos entre autonomías desde hace años . De hecho, Aragón hace tiempo que se opuso a la pretensión del nacionalismo catalán de gestionar bilateralmente con el Estado los caudales del Delta del Ebro .
En su momento, Aragón se opuso a esa pretendida bilateralidad entre la Generalitat y el Gobierno central, por entender que rompía el principio de unidad de cuenca hidrológica, y que otorgaría un plus de decisión a una autonomía respecto a todas las demás pertenecientes a esa misma cuenca.
Ese principio de unidad de cuenca y la competencia exclusiva del Estado en este campo es precisamente lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a anular parte de los artículos de la Ley aragonesa de Aguas que se aprobó en 2014, en la etapa de Luisa Fernanda Rudi (PP). En concreto, el TC ha tumbado la reserva exclusiva de 6.550 hectómetros cúbicos de aguas de la cuenca del Ebro que se había arrogado Aragón en esa ley. La sentencia blinda la política hídrica como una competencia exclusiva del Estado.
Tras tumbarse esa reserva hídrica y la posibilidad de gestionarla desde Aragón, la alternativa por la que aboga Lambán es la de negociar bilateralmente con el Estado para que las decisiones en materia de aguas que adopte el Gobierno central sean pactadas previamente con el Gobierno regional en la parte que le toca a esta Comunidad dentro de la cuenca del Ebro.
La opción, sin embargo, se asoma a un futuro incierto. Entre otros motivos, por los recelos que puede generar en otras comunidades que puedan ver en esto un intento por «trocear» la unidad de cuenca. Y también por las propias limitaciones constitucionales que pesan al respecto.
Consciente de ello, Lambán ha insistido en que esa bilateralidad por la que aboga no consistiría en «trocear» la unidad de cuenca, sino simplemente en dar a Aragón la oportunidad de plantear sus demandas en materia de gestión hídrica de forma directa ante el Gobierno central y de que sus decisiones sean negociadas con el concurso directo de eseta Comunidad autónoma. Lambán ha subrayado que acata plenamente la sentencia del TC.
El PP se defiende de las críticas
Del asunto se habló este jueves en el Pleno de las Cortes de Aragón, en el que, de paso, el PP se convirtió en diana de críticas por el hecho de que fuera el Gobierno de Rajoy quien promoviera ante el TC el recurso que ha acabado mutilando una ley aprobada por los populares aragoneses. El propio Lambán ha hablado de «perplejidad» ante esa circunstancia, la Chunta y Podemos han cargado contra el PP por considerar que de esa forma entorpece el autonomismo, y desde las filas populares su portavoz adjunta, Mar Vaquero, les ha contestando defendiendo la coherencia con la que, a su juicio, actúa su partido: el Gobierno de la Nación -ha dicho- está para defender el interés general y la legalidad ante los gobiernos autonómicos, al margen de qué partido esté en ellos en cada momento.
Se hará una nueva Ley de Aguas de Aragón
Por otra parte, Javier Lambán también ha anunciado que el Gobierno aragonés va a promover una nueva Ley de Aguas, a fin de reajustar la actual a lo que acaba de dictaminar el Tribunal Constitucional, pero también para incluir otros aspectos que han ido surgiendo en los últimos años. En concreto, la regulación del Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) que cobra la Administración regional, y la nueva estructura institucional derivada de la supresión del Instituto Aragonés del Agua y su reconversión en dirección general del Gobierno autonómico.
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