Aragón protegerá a los discapacitados con multas de hasta un millón de euros

Aragón está ultimando un nuevo proyecto de ley sobre discapacidad que prevé multas de hasta un millón de euros para particulares o entidades que incurran en conductas o infracciones muy graves en contra de los discapacitados.

El baremo de infracciones y multas queda detallado en los últimos artículos del Anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, texto normativo que ya tiene listo el Gobierno aragonés y que prevé presentar ante las Cortes regionales en los próximos meses para su aprobación y entrada en vigor.

De aprobarse el texto tal y como está redactado en estos momentos, las infracciones leves se castigarán con multas de entre 301 y 30.000 euros ; las graves llevarán aparejadas sanciones de entre 30.001 y 90.000 euros; y las infracciones muy graves acarrearán multas de entre 90.001 y un millón de euros .

El anteproyecto de ley detalla, entre las infracciones muy graves, «el incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos» en materias relativas a este texto legal; presionar a las autoridades en el ejercicio de sus potestades en materia de discapacidad; «el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación que impida gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetivos, instrumentos, herramientas y dispositivos por las personas con discapacidad»; «conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público»; o «las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo o por razón de su discapacidad».

Este anteproyecto de ley regula los derechos de los discapacitados en los diversos ámbitos, entre ellos el del empleo. En materia de empleo público, el texto prevé que sea obligatorio para las administraciones aragonesas reservar el 8% de sus ofertas de empleo público a personas discapacitadas.