Aragón investigará el patrimonio de los altos cargos cuando cesen

Aragón creará un organismo público encargado de comparar las declaraciones de rentas y patrimonio de los políticos cuando accedan a un alto cargo del Gobierno regional y cuando lo abandonen. Si se detectan variaciones patrimoniales sospechosas, este órgano estará capacitado para promover una investigación con la que determinar si se han producido situaciones de enriquecimientos ilícitos y, en tal caso, poner el caso en conocimiento de la Justicia y emprender acciones contra el implicado.

Esta es una de las novedades del proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública al que este martes da su visto bueno el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo. Es uno de los compromisos que anunció Javier Lambán cuando accedió a la presidencia de Aragón tras las elecciones autonómicas de mayo, y quedó también reflejado en el pacto de investidura que suscribió con Podemos para que éste le diera su voto –le era imprescindible a Lambán para convertirse en presidente de la Comunidad–.

El proyecto de ley, que tras el visto bueno del Consejo de Gobierno inicia su trámite de aprobación parlamentaria, incluye la creación de un nuevo ente, la Agencia de Integridad y Ética Públicas . Será un organismo vinculado a las Cortes de Aragón –como el Justicia o la Cámara regional de Cuentas–. Se encargará de velar por el correcto ejercicio de los cargos públicos y de la Administración autonómica, estará dotado de poderes de investigación y trabajará en coordinación con otros organismos, como puede ser la Agencia Tributaria.

Por otra parte, esta futura ley limitará igualmente el sueldo de los directivos de la nutrida lista de empresas públicas que tiene el Gobierno aragonés, de forma que no puedan cobrar más que los consejeros del departamento del Ejecutivo del que dependa cada una de esas sociedades.

Asimismo, introduce cortapisas a la acción del Gobierno aragonés en vísperas de elecciones, cuando se encuentre ya en funciones. Por ejemplo, el Ejecutivo regional no podrá autorizar expedientes de contratación de más de tres millones de euros, ni conceder subvenciones que excedan de los 900.000 euros.

Se regulan también diversos mecanismos que serán de obligado cumplimiento cuando, tras unas elecciones autonómicas, se produzcan traspasos de poderes por la conformación de un nuevo gobierno regional.