Aragón coordinará un plan de instalación de cámaras de videovigilancia en los pueblos

La Delegación del Gobierno de España en Aragón va a coordinar el despliegue de cámaras de videovigilancia en los pueblos de la región , tras haberse multiplicado la solicitud de este tipo de equipos por parte de pequeños municipios que quieren contar con dispositivos reforzados de seguridad. La delegada del Gobierno, Carmen Sánchez , ha reconocido que existe una «gran» demanda de autorizaciones para la instalación de videocámaras, que se han multiplicado las solicitudes entre pequeños ayuntamientos y que se debe dar respuesta ordenada a esas peticiones.

Cada vez son más los pequeños ayuntamientos que ven en la instalación de videocámaras una forma de prevenir la delincuencia y de mejorar la seguridad en el medio rural. En una entrevista en el programa «Despierta Aragón» de la radio autonómica aragonesa, Carmen Sánchez indicó este lunes que esos ayuntamientos reclaman que se les faciliten los trámites burocráticos que se exigen para instalar y poner en funcionamiento esos equipos.

En este sentido, la delegada del Gobierno en Aragón ha afirmado que tiene previsto mantener próximamente una reunión para coordinar el despliegue de videocámaras entre los ayuntamientos que lo han solicitado y aquellos que puedan pedirlo a partir de ahora. El objetivo es facilitarles la tramitación de las preceptivas autorizaciones e informarles de las condiciones y los requisitos que han de cumplir al respecto.

Carmen Sánchez ha indicado que este tipo de cámaras de videovigilancia suelen instalarse en accesos a pequeños municipios. De esta forma, en caso necesario, se pueden revisar las grabaciones para investigar, ante un supuesto delictivo, los movimientos de entrada y salida de personas y vehículos al municipio en cuestión. Se trata de grabaciones -han explicado- que se guardan durante un mes y que solo pueden ser visionadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o por las autoridades locales ante hechos delictivos que lo justifiquen.

La inmensa mayoría de los municipos de Aragón son pequeñas o muy pequeñas localidades que no cuentan con cuerpos de seguridad y, en su mayor parte, son poblaciones que dependen de cuarteles o puestos de la Guardia Civil situados a distancia significativa. El gran número de pequeños municipios y su dispersión geográfica en un territorio muy extenso es uno de los retos a los que se enfrenta la seguridad en el medio rural aragonés -muy castigado por la despoblación y por el envejecimiento demográfico-. Y todo ello, además, con un déficit estructural de guardias civiles, ya que cientos de plazas asignadas a Aragón están vacantes.

Según los últimos datos oficiales recopilados por ABC, el 12% de la plantilla de guardias civiles adscrita a Aragón está sin cubrir . Eso significa, en cifras absolutas, que esta región cuenta con 400 guardias civiles menos de los que el propio Ministerio del Interior reconoce oficialmente que debería tener esta Comunidad. Si se cumpliera la plantilla orgánica que está en vigor, Aragón debería contar con 3.599 agentes para cubrir adecuadamente todos los servicios de seguridad en los distintos ámbitos que son competencia de la Guardia Civil, en particular en el medio rural. Sin embargo, a finales del pasado junio había unos 3.200 efectivos.