Tribunales
La alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza, condenada por prevaricar con un coto de caza
Rosario Cabrera, alcaldesa de Aranda de Moncayo, se ha librado de la cárcel pero ha sido inhabilitada para la política
La alcaldesa de Aranda de Moncayo, Rosario Cabrera, ha sido condenada por prevaricar con un coto de caza municipal . La Audiencia de Zaragoza considera probado que Cabrera, cuando el Ayuntamiento sacó a licitación el aprovechamiento de este coto, la alcaldesa amañó el trámite administrativo para que cayera en manos de la sociedad de cazadores en la que participa su propia familia. Aranda de Moncayo es una pequeña localidad de menos de 200 habitantes empadronados.
Rosario Cabrera, que es alcaldesa por el PSOE, se sentó en el banquillo acusada de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas y malversación de caudales públicos. Finalmente ha sido condenada solo por el delito de prevaricación, según la sentencia que avanzó Heraldo este viernes. Eso apartará a Cabrera de la política, porque la han castigado con nueve años de inhabilitación para empleo público. Pero se libra de la cárcel, al haber sido absuelta de los delitos de malversación y de negociaciones prohibidas, por los que la Fiscalía pedía para ella tres años de prisión, y la acusación particular solicitó cuatro años y medio de cárcel.
El caso se remonta al año 2015, cuando el Ayuntamiento de Aranda de Moncayo impulsó el procedimiento para adjudicar la explotación de un coto de caza municipal. En 2016 se convocó la preceptiva licitación, pero -según las acusaciones- se maniobró para entorpecer la libre concurrencia de licitadores y para manipular el procedimiento a favor de una sociedad de cazadores en concreto, de la que es secretario el marido de la alcaldesa, su hijo es vocal y un cuñado presidente.
El caso fue denunciado por la sociedad de cazadores «El Perdigal», que se sintió directamente perjudicada en aquella anómala licitación. De hecho, en 2017 un juzgado de lo contencioso-administrativo anuló la licitación que se había resuelto a favor de la sociedad de cazadores directamente ligada a la familia de la alcaldesa. Anulado aquel contrato en la jurisdicción contencioso-administrativa, el caso siguió adelante por la vía penal y ha sido sentenciado ahora por la Audiencia Provincial de Zaragoza.
