La Abogacía del Estado pide al Supremo que tumbe el recurso de Sijena contra los indultos del ‘procés’
En pleno desafío secesionista, la Generalitat desobedeció reiteradamente a los juzgados que le ordenaron devolver los bienes de Sijena (Huesca), pero el abogado del Estado considera que aquello no estuvo conectado con el ‘procés’
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que cierre el paso a la asociación aragonesa que ha recurrido los indultos a los condenados por el golpe independentista de Cataluña. Esos recursos han sido promovidos por la Asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, entidad constituida en defensa de las obras de arte del histórico Monasterio de Sijena (Huesca) .
Coincidiendo con la deriva secesionista que culminó con la declaración de independencia de Carles Puigdemont , la Generalitat desplegó una persistente estrategia de desobediencia a la sentencia que les condenó a devolver a Aragón los llamados bienes de Sijena . Se trata de una valiosa colección artística que los tribunales sentenciaron que fueron adquiridos ilegalmente por el Gobierno catalán .
Las reiteradas órdenes judiciales que instaron a entregar esas piezas fueron ignoradas por la Generalitat durante años. Tras varios requerimientos, devolvieron solo una parte de las piezas, algo que hicieron fuera de plazo. Para recuperar el resto, el juzgado se vio forzado a enviar a la Guardia Civil al Museo de Lérida , en diciembre de 2017, cuando la Generalitat ya estaba intervenida por el Estado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Previamente, la Generalitat independentista había insistido en que no reconocía esas órdenes judiciales y llegó a apuntar la primacía de la normativa autonómica catalana , a cuyo amparo declaró que esa colección de arte aragonés era patrimonio de Cataluña.
La Asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén ha hecho valer esos antecedentes para recurrir los indultos a siete de los condenados por el golpe independentista : los consejeros Josep Rull, Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Oriol Junqueras , así como al líder de la entidad secesionista Ómnium Cultural, Jordi Cuixart , por haber sido parte activa en el conflicto de los bienes de Sijena.
Los recursos fueron presentados el pasado mes de julio y, pocas semanas después, admitidos a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Pero, ahora, la Abogacía del Estado ha alegado en contra: considera que esa asociación aragonesa no está legitimada para recurrir los indultos.
Alegaciones de la Abogacía del Estado
El abogado del Estado designado para este proceso, Manuel Pacheco Manchado , llega a calificar de «delirante teoría conspiratoria» que esa asociación apele a la relación que hubo entre el ‘procés’ y la persistente desobediencia de la Generalitat que preparó y culminó la declaración de independencia.
Pacheco deslinda por completo el golpe independentista de la rebelión contra las órdenes judiciales del caso Sijena y, en todo caso, alega que «los delitos por los que los procesados fueron condenados no fue el de desobediencia a la Autoridad Judicial sino los de sedición y malversación de caudales públicos».
La asociación de Sijena contesta
El abogado de la asociación recurrente, Jorge Español, ha enviado ya un escrito de oposición a las tesis de la Abogacía del Estado. Insiste en que la desobediencia de la Generalitat independentista en el caso Sijena se incardinó plenamente en el proceso que culminó con el golpe secesionista del otoño de 2017. Subraya que la sedición «es un delito pluriofensivo que no solo ataca al orden público sino a otros muchos bienes jurídicos, entre ellos al patrimonio cultural, como fue en este caso». Y argumenta, además, que «el patrimonio cultural, junto al urbanismo y al medio ambiente, son materias de ‘acción pública’, sobre las que cualquiera puede acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo en protección de esos bienes».
Por aquella desobediencia continuada a devolver los bienes de Sijena, están procesados exconsejeros de aquella Generalitat independentista: Santi Vila y Lluis Puig . Ambos, que se sucedieron al frente de la Consejería catalana de Cultura durante los años del ‘procés’, están acusados de un delito de desobediencia. A Vila, además, se le imputa también el de usurpación de atribuciones judiciales.
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