Anticorrupción pide tres años y medio de cárcel para el embajador en Venezuela con Zapatero
Insta ocho años y seis meses para su hijo Alejo y su nuera, con multas por encima de los 3,7 millones de euros por delitos fiscales
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de tres años y seis meses de cárcel para Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por delitos contra la Hacienda Pública, ilícitos por los que eleva a ocho años y medio su petición de prisión para su hijo, Alejo Morodo y la esposa de este, Ana Catarina Varandas. Las multas superan los 3,7 millones de euros.
El escrito se presenta ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que la semana pasada acordó procesar a los tres por delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2013, 2014 y 2017, y en el contexto de los supuestos servicios de asesoría por los que ingresaron más de 6,6 millones de euros de la petrolera estatal venezolana Pdvsa a través de distintas sociedades. La investigación sobre esos negocios continua abierta.
Para Anticorrupción, Alejo Morodo Cañeque inició en 2007 una «supuesta relación contractual» con Pdvsa para la prestación de servicios de consultoría «gracias a las relaciones entabladas por su padre con altos cargos de la República Bolivariana de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España en dicho país». Hasta el año 2014, esas relaciones económicas le generaron «unos ingresos totales de 6,6 millones de euros» de los que una parte fueron en beneficio de Raúl Morodo.
El juez procesa al exembajador Raúl Morodo y su hijo por delitos contra Hacienda
Habrían utilizado sociedades para tributar sus ingresos fruto de supuestas asesorías para eludir el IRPF
«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ‒IRPF‒ le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF», dice el escrito de Anticorrupción.
Se refiere a las sociedades Aequitas, Furnival y Morodo Abogados. Las dos primeras, «carentes de medios materiales y personales, así como de actividad comercial», las interpuso Alejo Morodo «como contratadas por Pdvsa, facturando formalmente a nombre de las mismas los servicios que el acusado prestaría» de manera personal. de los que percibieron 3,9 millones entre 2013 y 2014. En cuanto a la última, constituida con su padre, facturó servicios que sólo pudo prestar él por 467.832 euros.
En total, de acuerdo a las conclusiones de la Fiscalía, entre las tres recibieron 4,4 millones de euros de los que 4,1 fueron al bolsillo de Alejo Morodo «principalmente para su consumo personal y familiar», en los ejercicios que no estaban ya prescritos cuando se inició la investigación.
La cuota defraudada entre el hijo del embajador emérito y su mujer habría ascendido a 617.442,62 euros en 2013 y a 315.273,52 euros en el año 2014. Mientras, Raúl Morodo habría defraudado 126.222,23 euros ese mismo ejercicio. Ese año había percibido rentas que superaban los 314.000 euros de las sociedades Aequitas y Morodo Abogados pero sólo declaró algo más de 61.000 euros.
En cuanto al año 2017, en el foco está Ana Catarina Varandas, con una cuota distraída de 435.970,43 euros por rentas no declaradas ante la Hacienda Pública, incluida la minoración indebida del precio de un piso de lujo que adquirió el matrimonio en Madrid o el traspaso de dinero que recibió desde Portugal para comprar otro inmueble en Lisboa.
