Cs y PSC cargan contra el Gobierno por no recurrir el voto delegado de Comín
El Tribunal prohibió en enero que los huidos en busca y captura voten a través de terceros. Tras la autorización del Parlament, JpC y ERC no necesitarían a la CUP para la investidura
La decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir el voto delegado del diputado huido Antonio Comín está suponiendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo y partidos constitucionalistas, que no terminan de dar el paso de impugnarla, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) impidió en enero la delegación de voto a los prófugos sobre los que pesa una orden de busca y captura. La decisión del órgano de garantías afecta tanto a Carles Puigdemont , a cuya petición ya dio el visto bueno la Mesa el pasado 3 de abril, como a Comín, en la misma situación que el expresidente autonómico, es decir, en libertad, pero pendiente de que Bruselas decida su entrega.
De entrada, el presidente del Gobierno no descarta ninguna medida : «Estudiaremos todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo que establece la legislación vigente», puntualizó ayer Mariano Rajoy . La Moncloa no descarta así ninguna acción en el futuro, pero su primera opción es que sean los grupos parlamentarios los que tomen la iniciativa en el Parlamento autonómico. En esta línea, antes del pleno ordinario previsto para hoy, la Mesa del Parlamento catalán tiene que decidir, a propuesta de Cs, el PSC y el PP, si revoca la decisión de ayer sobre la delegación de voto de Comín. La mayoría de Junts per Catalunya (JpC) y ERC hace inviable que prosperen estas peticiones.
A partir de ahí, los partidos podrían presentar recursos de amparo ante el TC, pero en este caso no tendría un efecto de suspensión automática. Sí lo tendría en el caso de que fuera el Ejecutivo el que diera el paso, pues al invocar el artículo 161.2 de la Constitución, la delegación de voto quedaría suspendida mientras el Alto Tribunal resuelve sobre el fondo del recurso.
En una rueda de prensa tras la cumbre hispano-turca, Rajoy quiso precisar que «lo más importante» no es Comín ni su voto delegado, sino que «se recupere la cordura y la normalidad» en Cataluña. Por eso pidió que el Parlamento catalán elija cuanto antes un presidente para formar un gobierno «que cumpla la ley y tenga voluntad de dialogar» con el Ejecutivo.
« Cataluña necesita ya un Gobierno, que sea legal y que tenga capacidad y voluntad de dialogar con todos . Algunos estamos dispuestos a hacerlo», insistió. Sin embargo, la decisión de no acudir ya ante el TC y dejar que Comín ejerza el voto delegado, hoy mismo, causó un profundo malestar en las filas de Cs y el PSC, que, tanto en público como en privado, alertaron del precedente que se dará en el pleno de este mismo miércoles. Inés Arrimadas (Cs) exigió al Gobierno «despertar y recurrir la delegación de voto de huidos de la Justicia»; y Eva Granados (PSC) señaló que los socialistas consideran que ni Puigdemont ni Comín «deberían tener derecho a voto, pero una vez agotada la reconsideración, hasta ahí llegará nuestra actuación».
De esta manera, en público, tanto liberales como socialistas mostraban su enfado con la decisión del Gobierno de no acudir al TC por el voto de Comín, enfados que fuentes oficiales de las dos formaciones elevaban a algo más al considerar una «inacción total» del Ejecutivo de consecuencias «gravísimas».
Medidas cautelares del TC
Lo cierto es que el TC fue claro en el auto del pasado 27 de enero, frustrando el intento de investir a Puigdemont por vía telemática. En él, estableció una serie de medidas cautelares que iban más allá de este caso concreto. Así, en el punto 4 de esa resolución, los magistrados acordaron suspender «cualquier sesión de investidura que no sea presencial y que no cumpla las siguientes condiciones (...)». Entre ellas, el apartado c) establecía lo siguiente: «Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios».
A la vista de esta medida cautelar parece claro que al admitir estos votos delegados la Mesa estaría desobedeciendo una vez más al TC, que en el punto 7 del citado auto de medidas cautelares advertía a Roger Torrent , presidente parlamentario, y a los miembros de la Mesa de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas».
Pero no ha sido el TC el único que se ha pronunciado sobre el voto delegado. También lo hizo el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando diferenció la situación de los prófugos de la Justicia de la de aquellos diputados que se encuentran en prisión preventiva en España. A estos últimos les permitió delegar el voto al declarar su «incapacidad legal» para asistir a las sesiones del Parlamento catalán. A los primeros no. Esta «incapacidad legal» se ajusta a lo que recoge el artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara autonómica.
Si finalmente Puigdemont y Comín pueden delegar su voto, JpC y ERC sumarían 66 escaños, uno más que la suma de Cs, el PSC, los comunes y el PP . En segunda vuelta, cualquier candidato de JpC no necesitaría los votos de la CUP para convertirse en presidente autonómico.
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