Los vocales discrepantes: «El CGPJ está sirviendo a la estrategia política de quienes bloquean la renovación»
Encabezados por el exdiputado Cuesta, suscriben un voto particular en el que acusan de «deslealtad» a sus compañeros
En un alegato político arremeten también contra el editorial de ABC que se opuso a la mordaza a los jueces
Los cinco vocales que votaron en contra del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado jueves, en el que se instaba a la Mesa del Congreso a que reconsiderara su decisión de seguir adelante con la reforma de este órgano sin dar audiencia a los jueces, consideran que sus dieciséis compañeros han incurrido en «deslealtad». Pese a que el acuerdo fue respaldado por vocales de perfil progresista, creen que el órgano está sirviendo a los intereses del Partido Popular y llegan a acusar a sus compañeros de desacreditar a España ante Europa y responsabilizarles de eventuales actuaciones que pudieran llevar a cabo instituciones europeas.
Así lo expresan en un voto particular el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, al que se han unido los otros cuatro vocales discrepantes, vinculados al PSOE e IU (Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez) y a Jueces para la Democracia (los magistrados Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo). Señalan que el Pleno se ha extralimitado de sus funciones al pedir a la Mesa del Congreso esa rectificación porque no está entre las funciones del CGPJ informar sobre proposiciones de ley y sí proyectos emanados del Gobierno.
Sostienen que el acuerdo del Consejo no respeta la separación de poderes , una apreciación que también hicieron, pero en sentido contrario, sus compañeros al denunciar la injerencia del Legislativo en sus funciones sin escucharles. «El problema que debería ocupar al Consejo no es si una proposición de ley se somete o no a consulta previa, o se tramita por el trámite de urgencia, es decir, no es cómo ejerce el Parlamento, en el marco y en el ejercicio de la libertad del legislador orgánico, aspectos que sin duda nuestra Constitución y nuestra jurisprudencia constitucional dejan en manos de la ley Orgánica. El problema de fondo -prosiguen- es que por causa de una inconstitucional y reprochable actitud de bloqueo que impide la renovación en plazo del CGPJ, se está violando la Constitución, desprestigiando al Parlamento y a órganos constitucionales como el propio Consejo en su cuarenta aniversario, pretendiendo atentar contra la independencia del Poder Judicial, o como mínimo, contra las condiciones más adecuadas para que los jueces y juezas españoles puedan desarrollar su trabajo«.
Un «confrontación gratuita»
En su opinión, coincidente con la de los grupos que sostienen al Gobierno de la Nación, ese bloqueo «es un intento de manipular por la puerta de atrás el órgano constitucional, así como un desprecio intolerable a esta institución y al principio democrático de la separación de poderes, además de una gravísima desconsideración a los derechos y expectativas« de los jueces y magistrados que presentaron sus candidaturas en el cupo que corresponde a vocales de procedencia judicial.
Pero van más lejos: hablan de una «confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes» contra la Mesa del Congreso. «Lamentablemente, con su acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial pierde toda apariencia de imparcialidad», insiste, pues refleja una «falta de respeto» por el ámbito propio de las competencias y legitimidad del poder legislativo.
Y pese a haber vocales progresistas entre los firmantes de ese acuerdo, los vocales discrepantes insinúan que el CGPJ está sirviendo a la estrategia de bloqueo del PP. «Parece que este órgano constitucional se alinea, como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o tienen una gran responsabilidad en ello».
Dando la vuelta al argumento de que Europa ha de intervenir ante el incumplimiento flagrante de sus recomendaciones, estos vocales creen que exigir la opinión de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) en el marco de esta reforma «supone un menosprecio muy grave a la credibilidad de España y de sus instituciones democráticas, atentando contra la dignidad del Parlamento español, situándolo al margen del Estado de Derecho, como si no fuera -en terminología de algún medio de comunicación español que se ha prestado a jalear de forma entusiasta el Acuerdo del Consejo- «un parlamento al uso».
El denunciante, denunciado
«Insinuar siquiera remotamente que el Congreso de los Diputados o las Cortes Generales -al tomar en consideración y tramitar una proposición de Ley, en el ejercicio legítimo de su condición de representante del pueblo español en quien reside la soberanía nacional, sin haber consultado previamente al CGPJ– incurren en violación del Derecho Europeo y de los Tratados de la Unión Europea, y convierte por ello a España en merecedora de sufrir el mecanismo fiscalizador, sancionador y de suspensión de derechos como miembro de la Unión, previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), es una deslealtad a España, y así fue expresado y advertido en el debate«, insiste el texto. Se refiere así a la intervención de Cuesta en el Pleno de la que hoy informa ABC. A su juicio, con este movimiento «se sitúa a España a la altura de Polonia, acusando e imputando a nuestro país de provocar graves amenazas sistémicas al Estado de Derecho, lo que resulta ser una agresión desleal e intolerable a nuestras instituciones democráticas y a los Poderes del Estado«.
Los vocales critican directamente el editorial de ABC del pasado viernes que, bajo el título «Pulso contra la mordaza judicial» , valoraba el acuerdo mayoritario del Consejo.
«¿Es esa la pretensión de la Resolución del CGPJ, tener el monopolio de la defensa del Estado de Derecho desde el rapto de Europa y convertirse en el Poder preeminente frente al resto de Poderes y Órganos constitucionales? El Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial, no representa a los Jueces y Magistrados, no ejerce ninguna función jurisdiccional. ¿Considera el Consejo que el Parlamento Español está totalmente deslegitimado para legislar? », se preguntan estos vocales. Insisten en la campaña de desprestigio contra España ante instituciones europeas que «determinados agentes políticos de distinto signo viene realizando de forma irresponsable».
Pero hay más. Pese a oponerse a que el Consejo dé su opinión sobre la reforma que le afecta, ellos sí dan la suya: ven motivos para legislar. «La renovación y la necesidad de una completa regulación que defina qué competencias corresponden a un CGPJ prorrogado en funciones es un requisito de legitimación democrática y de adaptación a los cambios sociales y enfoques normativos de cada momento. A su juicio esta nueva regulación «podría suponer un incentivo para renovar, un factor estimulante para evitar retrasos y dilaciones en la renovación de los órganos constitucionales».
Y en un mensaje dirigido claramente al PP advierten de que «obstaculizar dicha renovación es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales, y constituye un intento artero e irresponsable de manipulación del Consejo General del Poder Judicial, de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial».
Sobre los nombramientos en funciones nada dicen. No en vano dos de los vocales firmantes, los propuestos por Jueces para la Democracia, los están apoyando pese a que el Consejo esté en funciones.
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