Un viraje en el modelo de desarrollo de las infraestructuras

La inauguración del AVE Madrid-Sevilla en 1992 supuso un punto de inflexión. El tren de alta velocidad se convirtió, prácticamente desde su salida de las estaciones de Atocha y Santa Justa, en el buque insignia de un sector que con el paso de los años se ha consolidado como uno de los exponentes más reconocibles y sólidos de la industria del transporte española. España se ofrecía como campo de pruebas de una nueva tecnología en la que hoy, tras una importante inversión pública, destaca como referente internacional.

El del AVE –donde España se sitúa como el segundo país del mundo con la mayor red construida, solo superada por la china– es un ejemplo de que en algunos ámbitos de la dotación en infraestructuras nuestro país cumple, y con creces, las necesidades de un país de su tamaño y peso económico.

España destaca en las denominadas infraestructuras de «altas prestaciones» (carreteras de reciente construcción, ferrocarril de alta velocidad, puertos y aeropuertos), ámbitos en los que supera ampliamente los niveles de los países del entorno. Así, por ejemplo, según el estudio elaborado por la consultora AT Kearney y presentado por la patronal de las principales compañías de construcción españolas (Seopan), España se encuentra un 90% por encima de la media en las vías de alta capacidad con 14.500 kilómetros de trazado y un 270% por encima en el caso de la red de AVE (2.500 kilómetros). ¿Está todo ya hecho, entonces? ¿Qué se puede mejorar?

Los analistas consultados consideran que, históricamente, la apuesta por las tecnologías y las instalaciones más novedosas ha primado sobre el desarrollo de las redes convencionales y los equipamientos sociales. Así, según recoge este mismo estudio, la inversión por población -un factor fundamental a la hora de evaluar el tejido de infraestructuras de carácter social y medioambiental- ha sido un 30% inferior desde el año 1995 hasta 2014 a la de Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia. Esta diferencia, además, se ha ensanchado durante los últimos años, ya que las necesidades de consolidación presupuestaria han dado lugar a que en los tres últimos ejercicios la cifra total de inversión pública en infraestructuras se haya reducido hasta los 20.000 millones de euros (26.000 en 2012 y 23.000 en 2013 y 2014), frente a los más de 55.000 millones que se destinaban en los años del boom económico.

Los expertos detectan carencias, precisamente, en los equipamientos sociales. Llaman la atención sobre las necesidades en la gestión del agua, donde España ha invertido un 56% menos que los países de referencia y que actualmente presenta un importante déficit para satisfacer la normativa comunitaria en tratamiento de aguas residuales. La urgencia de mejorar los servicios hídricos se suma a la de aumentar las interconexiones energéticas para que España pueda abandonar su condición de «isla energética», una mayor inversión en centros de educación y hospitalarios, la promoción del transporte de mercancías por ferrocarril, las telecomunicaciones, el avance en el tratamiento de los residuos y el mantenimiento de lo ya construido. En resumen: lo que se impone, una vez lograda una notable red de transporte, vital para abastecer la capilaridad de la industria turística, es poner el foco de la inversión sobre las necesidades más inmediatas de los españoles.