Villarejo propuso a Mutua hacer seguimientos a exdirectivos pero la aseguradora lo rechazó
El exjefe de Seguridad de la empresa, Benjamín García Cañón, sostiene que él se limitó a poner en contacto a la empresa con el abogado y socio del excomisario, Rafael Redondo
El excomisario José Manuel Villarejo presupuestó a Mutua Madrileña una serie de tareas de espionaje sobre el expresidente de la aseguradora, José María Ramírez Pomatta -ya fallecido-, el exconsejero Arturo Baldasano Supervielle -actual presidente de Teka Industrial- y otros exdirigentes de la empresa.
El ofrecimiento llegó después de que, en 2012, el Grupo Mutua contratara los servicios de Villarejo, que en ese momento era policía en activo, para realizar una investigación patrimonial sobre Pomatta .
El presupuesto, según fuentes próximas a Villarejo, incluía realizar seguimientos y otras tareas de espionaje a los citados exdirectivos . El documento fue hallado en los registros policiales de la operación Tándem, concretamente en el domicilio de Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo (las pesquisas las dirige el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción).
La oferta se habría realizado ante las sospechas de que Pomatta y su equipo hubieran sido desleales a la compañía. Según las fuentes consultadas por este diario, la empresa declinó el ofrecimiento por varios motivos: no era política de la Mutua, no veían el riesgo del que les hablaba el proveedor y, además, era un presupuesto «desorbitado».
Cenyt había cobrado 16.000 de la aseguradora madrileña por realizar el citado estudio de solvencia patrimonial de Pomatta. Este reclamaba a Mutua una pensión de 21 millones de euros que el equipo del nuevo presidente, Ignacio Garralda, no estaba dispuesto a abonar. Ambas partes acabaron en los tribunales, y allí la Mutua presentó el informe elaborado por la empresa de Villarejo. En primera instancia se reconoció una indemnización parcial a Pomatta, pero el Tribunal Supremo terminó retirándola.
Como desveló ABC, este encargo lo realizó el entonces jefe de Seguridad de la Mutua, el comisario en segunda actividad Benjamín García Cañón . Fuentes próximas al policía han precisado a este diario que la empresa le pidió buscar una empresa para que hiciera el informe, un trabajo legal, pues no incluía pinchazos telefónicos, seguimientos ni otras actividades invasivas. Las mismas fuentes aseveran que García Cañón no contactó con Villarejo, sino con el citado Rafael Redondo -ahora investigado en el caso Tándem-, y que se limitó a «poner en contacto a ambas partes» .
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