Un vacío legal de inciertas consecuencias
El nuevo fiasco prolonga las incógnitas abiertas, incluidos los plazos, el calendario y los horarios del Parlament
¿Cuáles son los plazos del Parlament a partir de ahora?
Esta es la gran incógnita en los partidos del Parlament. La Mesa ha pedido a los letrados que informen a los diputados de «los plazos, el calendario y los horarios», una vez que Torrent ha aplazado el pleno. No hay precedentes, ni las leyes que regulan la investidura (ley del gobierno autonómico, el Reglamento parlamentario y el Estatuto) recogen qué hay que hacer en este caso, por lo que todo indica que Torrent seguirá lo que opinen los letrados. La opción que se baraja es que al estar aplazado el pleno se «congela» el tiempo y, por lo tanto, no corren los dos meses legales –que empezaría mañana– para la investidura de Puigdemont u otro diputado. Tras los dos meses, si no hay presidente, se convocarían elecciones automáticamente.
¿Qué decisión tiene que tomar el TC ahora?
Aunque los magistrados acordaron la suspensión de un pleno de investidura que no sea presencial y con autorización del juez, lo cierto es que todavía no han decidido sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la propuesta de candidatura de Puigdemont. El sábado dio diez días a las partes (el propio candidato, Junts per Catalunya, Abogacía del Estado y Parlamento catalán) para que formulen sus alegaciones. Solo después decidirá sobre la admisión.
¿Qué implicaría admitir el recurso del Gobierno?
Si se admite la impugnación (a priori no sería por unanimidad porque al menos tres magistrados no la ven clara), el Tribunal dispondría de un máximo de cinco meses para entrar en el fondo del asunto: la constitucionalidad o no de la candidatura del diputado huido (implícitamente la ha aceptado al dejarle someterse a una investidura presencial) y su participación en el debate de investidura (ya ha adelantado que en persona se lo permitía). Aunque el Tribunal Constitucionalno tiene por qué agotar este plazo, no sería realista el planteamiento de que pueda resolver antes de un mes.
¿En qué situación se encontraría entonces Puigdemont?
Su situación procesal es clara: el diputado huido está imputado por rebelión y con una orden de busca y captura vigente en España. Sin embargo, hasta que no recaiga sentencia firme no se le puede considerar inhabilitado políticamente. Cuestión distinta es la viabilidad de una presidencia autonómica en manos de una persona en prisión preventiva. (La opción de ser presidente desde Bélgica queda descartada porque para poder ser investido tendría que pisar España necesariamente y pasar por el despacho del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena).
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