La Unión Progresista de Fiscales cree que anular el plan de riesgos laborales que tienen «no es prudente ni eficaz»

Aunque está de acuerdo con que la carrera tenga un plan específico de riesgos laborales, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) no comparte la estrategia procesal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ni de la mayoritarias Asociación de Fiscales, que han llevado a juicio a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia para forzar la implantación de ese plan al considerar que el actual del Ministerio de Justicia, que data de 2014, no representa a este colectivo. De ahí que durante el juicio celebrado ayer en los juzgados de lo Social de la Audiencia Nacional, la UPF no se posicionara a favor de la demanda de la APIF que sí fue apoyada por la AF. El abogado de la asociación progresista compareció como parte interesada en el plenario para reconocer la existencia de ese plan de prevención de riesgos laborales de 2014 que no alude de forma específica a la carrera fiscal, algo que ha creado un profundo malestar en las otras dos asociaciones. Este mismo jueves, la Asociación de Fiscales reprochaba a la UPF de anteponer sus intereses a los generales de la carrera y de no defender la seguridad y salud de los miembros de la carrera.

En una nota a sus afiliados, a la que ha tenido acceso ABC, la UPF recuerda que ese plan (el genérico de 2014) «ha sido utilizado en numerosas ocasiones por diversos fiscales en relación a las condiciones de los espacios de trabajo, embarazos por riesgo, lactancia por riesgo…«, y por ello considera que la opción de anularlo, lo que pide la APIF en su demanda, junto con que se condene a los demandados a adoptar un plan específico para la carrera, «no nos parece que sea la solución más prudente y eficaz. Sería tanto como negar derechos a las compañeras y compañeros que quieran utilizarlo«.

La UPF sí reconoce que el actual plan es insuficiente y que por eso la asociación ha sido «muy beligerante con el Ministerio de Justicia para conseguir el mayor número de mejoras posibles en este sentido». Ahí enmarca el trabajo que una comisión presidida por el coordinador de siniestralidad laboral, Félix Pantoja, ha desarrollado en los últimos meses para lograr la firma de un Convenio con el Ministerio de Justicia en el que reconozcan la obligación de asumir íntegra su responsabilidad en la implantación de un servicio que contemple, con todo el rigor, la especificidad de nuestra carrera.

Fuentes de la UPF aseguran que esa firma estaba a punto de producirse antes de la celebración de este juicio, de ahí que interpreten la demanda de APIF como un movimiento interesado al que entienden que no deben sumarse. Aunque admiten que el plan es mejorable y se debe recoger de forma específica a los fiscales, anularlo, dicen, dejaría a los fiscales sin protección alguna.

La asociación demandante y la AF han pedido al tribunal que se declare que el Ministerio Fiscal carece de plan de prevención propio para prevenir la salud de sus integrantes, así como que Fiscalía General del Estado y Ministerio de Justicia han incumplido sus obligaciones al no proveer de los instrumentos de protección legal adecuados a los miembros de la carrera, comprometiendo la seguridad y la salud de los fiscales. También que se condene a las administraciones demandadas (entre las que también están las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia) a «adoptar el plan de prevención de riesgos laborales para Fiscalía y todos los fiscales que trabajan en la misma, contratando en el plazo de dos meses a una empresa con solvencia técnica suficiente para afrontar este cometido».

En un comunicado este jueves, la Asociación de Fiscales también alude a la comisión cuyo papel, en aras a lograr la firma del convenio, destaca la UPF, pero lo hace para señalar que tanto esa comisión de riesgos laborales como la Fiscalía General del Estado "recientemente se han alineado con la posición del Ministerio de Justicia de integrar la seguridad y salud de los fiscales" en el Departamento de Pilar Llop , cuando lo que los fiscales reclaman es que se constituya un servicio de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal con presupuesto autónomo y la necesidad de que se evalúen las cargas de trabajo y los riesgos de los fiscales, incluyendo los psicosociales . "Es de interés para todos los fiscales dejar claro que existe una ausencia total de planificación de la seguridad y salud en el trabajo, frente a la postura defendida por la Unión Progresista de Fiscales (que se adhirió a los demandados) que antepone sus intereses a los generales de la Carrera y que no ha defendido la seguridad y salud de los fiscales", señala la AF en su nota.