El TC tumba la comisión de investigación sobre la Monarquía del Parlament de Cataluña

Se encontraba suspendida desde el pasado marzo, cuando el Gobierno recurrió la resolución por inconstitucional

Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid Ángel Navarrete

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la resolución del Parlamento catalán que el pasado 7 de marzo creó una comisión de investigación sobre la Monarquía y que se encontraba suspendida desde ese mismo mes como consecuencia de la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno. Los magistrados han resuelto el fondo del asunto declarando ahora la inconstitucionalidad de esa resolución.

La comisión, que salió adelante con los votos de los independentistas, pretendía investigar «las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real española», entre ellas las que «forzaron» el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera Cataluña.

También «las estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real española y a las personas que están o han estado relacionadas» y las «presuntas cuentas irregulares» de Juan Carlos I en Suiza. Para el Gobierno, la decisión del Parlamento catalán incurría en una «extralimitación competencial», algo que comparte el TC en una resolución de la que solo ha trascendido la parte dispositiva. En los próximos días se conocerá la sentencia.

Tras su aprobación, el Consejo de Ministros acordó impugnar el acuerdo ante el Constitucional, con informe favorable del Consejo de Estado. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, denunció entonces la «inexistencia de competencias» del parlamento autonómico para realizar esa investigación y mostró su «radical discrepancia», informa Efe.

El mismo mes de marzo el tribunal de garantías admitió a trámite la impugnación y la resolución parlamentaria quedó en suspenso, a la espera de las alegaciones de las partes.

Asunto de «interés»

El Parlament argumentó que no suponía una extralimitación de sus competencias y que se trataba de un asunto de «interés» para Cataluña.

Según los letrados de la cámara, la potestad para impulsar esa investigación estaba reconocida tanto en el Estatut como en el reglamento del Parlament, que indica que la institución puede crear comisiones de investigación sobre «cualquier asunto de relevancia pública que sea de interés para la Generalitat».

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