El tribunal de Villarejo declarará en rebeldía a un acusado que no aparece
El abogado de Redondo pide la nulidad de las pruebas y cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional
La mujer de Villarejo pide expulsar a Podemos por el «uso electoral» que hacen de la causa
La segunda sesión del macrojuicio al comisario José Manuel Villarejo se ha iniciado este jueves despejando una incógnita abierta en la jornada anterior: el destino de Juan Manuel León Leiva, acusado en una de las tres piezas separadas que han llegado ante el tribunal y cuyo paradero ignora su propio abogado . Será declarado en rebeldía si sigue sin comparecer ante el tribunal y una vez se le localice, tendrá que ser juzgado aparte.
León Leiva tenía el mandato de sentarse en el banquillo acusado de dos delitos de revelación de secretos, uno de ellos relativo a asuntos que afectan a la salud y/o la vida sexual de un tercero, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de cárcel para él .
Se le acusa de haber participado junto a un grupo de detectives contratados por Villarejo para tender una trampa al otrora juez y después abogado Francisco Javier de Urquía. Se trataba de colocar una cámara en el cuarto de baño de una discoteca para captarle consumiendo drogas.
El objetivo habría sido que el cliente al que en aquella época venía representando claudicase en un litigio que tenía con los empresarios Fernando y Juan Muñoz Tamara , ambos también acusados, aunque han llegado a un pacto con la Fiscalía, por la pieza denominada Pintor del caso Villarejo, que está junto con Iron y Land. Sin embargo, llegado el inicio del juicio su abogado comunicó al tribunal que no conseguía localizarle. Tendrá que hacerlo la Policía.
El lío con los informes de las agendas
Otro asunto despejado en la segunda sesión es el destino de dos informes de la Unidad de Asuntos Internos sobre las agendas de Villarejo que llegaron al tribunal después de que se hubiese cerrado la investigación en el Juzgado Central de Instrucción. Ayer fue motivo de choque este asunto entre el letrado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, y el tribunal.
Él decía que se habían incorporado al juicio por la puerta de atrás la semana pasada y sin que las defensas hubiesen tenido acceso, protesta a la que se sumaron varios abogados. La presidenta, Ángela Murillo, le hizo saber que los informes habían llegado pero se habían devuelto a instrucción porque había sido «un error» sumarlos de esa manera. Avanzó, no obstante, que se acabarían aportando porque el fiscal lo iba a pedir.
Lo que pasó es que el fiscal, Miguel Serrano, pidió aportar documentación complementaria a esos informes policiales : un cotejo de su autenticidad respecto de las agendas originales y el auto de entrada y registro que permitió incautar esas libretas. Pero no pidió aportar los informes en sí, y al final de la sesión parecía que estaban aportados. No era así. Este jueves lo ha remediado, para estupor del abogado de Villarejo, pidiendo introducirlos como «complemento» a los papeles de ayer , sin que el tribunal haya dicho lo contrario. Entran, definitivamente, en el juicio.
Las defensas entran en harina
Superadas estas vicisitudes, las defensas han entrado en harina. Debía abrir plaza García Cabrera -Villarejo hoy no ha acudido porque tenía un asunto judicial en Arganda (Madrid)-, pero ha cambiado el turno y la primera palabra ha sido para la defensa del otro gran acusado, Rafael Redondo, el abogado de sus empresas, coprotagonista de buena parte de los audios e informes de los proyectos.
Su abogado, Antonio Tapia, ha ido a las líneas de flotación de la causa sobre las que, ahora sí, habrá de pronunciarse el tribunal, ya lo resuelva cuando se reanuden las sesiones el próximo 15 de noviembre o en la sentencia: Falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los delitos de cohecho, falsedad documental, extorsión y revelación de secretos que se analizan en estas tres piezas separadas; nulidad de todas las pruebas intervenidas en soporte digital por la «inexistencia» de la custodia de la prueba; y un rosario de vulneraciones de derechos fundamentales, como a la tutela judicial efectiva.
Su razonamiento es que si el origen de Tándem era una investigación por blanqueo de capitales internacional, la cadena de «hallazgos casuales» que han supuesto la apertura de hasta treinta piezas separadas, como las que ahora se juzgan, no debieron seguirse en la Audiencia Nacional porque nada tendrían que ver con aquel delito, que era el que justificaba además las entradas y registros.
Y de lo intervenido en ellas, pide específicamente la nulidad de los audios, porque, entre otras cosas, «no han sido aflorados en ningún caso por el señor Villarejo». «El contenido de las grabaciones ha sido aflorado por la Unidad de Asuntos Internos buscando perjudicados a toda costa que pudieran engordar las piezas del caso», ha asegurado.
Alcalá pide la expulsión de Podemos
Sus peticiones de nulidad, sobre todo por la custodia del material informático intervenido en el lapso entre los registros y la puesta a disposición del juzgado, han sido repicadas por otras defensas, como la del expolicía Antonio Bonilla, cuyo letrado, el también acusado David Macías, hablaba por los dos al referir también la prescripción de determinados delitos.
La defensa de la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, ha cuestionado de igual modo el origen de la causa y ha instado la nulidad de las pruebas, aunque uno de sus abogados, Sergio Nuño Díez de la Lastra, ha dedicado parte de la exposición a pedir específicamente al tribunal que expulse a Podemos, acusación popular, por el «uso electoral» que aseguran, vienen haciendo de su participación en esta causa.
