El Tribunal Supremo avala la intervención de las cuentas de la Generalitat que aprobó Rajoy
El Alto Tribunal rechaza dos recursos del Govern y respalda el control de las cuentas para evitar su desvío al 1-O
El Tribunal Supremo ha avalado la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en septiembre de 2017, en el otoño caliente que condujo al referéndum independentista ilegal . El Alto Tribunal rechazó ayer los recursos del Govern contra la decisión, informaron fuentes jurídicas.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó ayer esta decisión por unanimidad, tras deliberar, y rechazó los dos recursos de la Generalitat contra el acuerdo de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos de 15 de septiembre de 2017, y la orden del Ministerio de Hacienda de 20 de septiembre de 2017, en los que se retiró la disponibilidad de créditos para la comunidad autónoma. Cristóbal Montoro estaba entonces al frente del Ministerio de Hacienda.
La decisión del Supremo ha sido comunicada a las partes, entre ellas la Generalitat, a pesar de que todavía no se ha hecho público el texto de la sentencia, que se notificará y difundirá en los próximos días. Los gobernantes catalanes calificaron de «ilegal» la intervención de las cuentas y acusaron a Rajoy de aplicarles por la puerta de atrás el artículo 155 , que permite tomar las riendas de una comunidad autonómica y que se desplegó tras la declaración unilateral de independencia. El Supremo desoye los argumentos del secesionismo .
El Gobierno estrechó el cerco sobre la Generalitat semanas antes del referéndum del 1-O, después de que el entonces vicepresidente, Oriol Junqueras , dejara de enviar el informe semanal en el que avalaba que ningún gasto había ido a financiar la consulta informándole de las operaciones financieras del Govern. Junqueras rechazó mandar estos datos esgrimiendo la Ley de desconexión aprobada por el Parlamento catalán, que fue suspendida por la Justicia.
La respuesta del Gobierno de Rajoy no se hizo esperar: a través de un acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos el 15 de septiembre de 2017 y de una orden ministerial del departamento de Cristóbal Montoro del 20 de septiembre, se procedió a hacer que la Generalitat adoptara un acuerdo de no disponibilidad de crédito, además de retener las entregas a cuenta del sistema de financiación para proceder a justificar primero cada gasto del Govern –controlando así el grueso de su desembolso en servicios públicos– y vigilar los recursos de impuestos cedidos y propios mediante informes de la interventora.
En su momento, la Generalitat recurrió estas dos decisiones esgrimiendo que se había aplicado el artículo 155 «por la puerta de atrás». Hacienda justificaba esta intervención en las competencias que le otorgaba la Ley de Estabilidad Financiera –que paradójicamente en su día se aprobó con los votos de CiU– sobre una comunidad como Cataluña que, al no cumplir los objetivos de estabilidad y depender del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) , quedaba así al amparo de Hacienda. Posteriormente, Hacienda introdujo en el 155 –que se aprobó a finales de octubre– todo el control económico pertinente sobre la comunidad. Por ello, cuando levantó dicha intervención tras la formación del Govern de Quim Torrá, el Gobierno de Rajoy levantó los controles.
El control volvió así hace meses al que el Ejecutivo de Rajoy instauró sobre el Govern de Junts pel Sí en noviembre de 2015, con un informe mensual –y no semanal, como se articuló en julio de 2017– de la interventora de la Generalitat que valida la legalidad de los gastos del Govern y el pago directo a proveedores a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) mediante la presentación de facturas electrónicas a través del portal Face. Estos diques tratan de evitar que el Govern destine dinero público al independentismo. Estos diques se mantienen con el Gobierno Sánchez y son los que tratan de impedir que se destinen recursos al independentismo.
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