El tribunal del «procés» ridiculiza a observadores internacionales que pidieron una «reunión informal»

Les recuerda que las decisiones con las que no estén conformes se rebaten por el sistema de recursos previstos y no en visitas «informales»

El presidente del tribunal , Manuel Marchena, junto con los también magistrados Martínez Arreieta y Berdugo Efe

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Las discrepancias con decisiones judiciales se expresan a través de los recursos previstos en la ley, y no en «visitas informales» con los miembros del tribunal. Así se lo ha hecho saber la Sala que va a juzgar el «procés» a la plataforma International Trial Watch (ITW), que había pedido un encuentro con los siete jueces tras rechazar estos la presencia de «observadores internacionales» en la Sala. ITW quería cinco plazas en el salón de plenos para seguir el juicio.

En su auto de admisión de prueba del pasado 1 de febrero, la Sala argumentaba que coincidía «plenamente» con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que «conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional». Pero precisamente por ese motivo ha autorizado, superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno, que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. «La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo . Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa». La Sala opta así, señaló, por una «fiscalización incondicionada» de todas y cada una de las sesiones del plenario.

Como anunció en su solicitud al tribunal, International Trial Watch (ITW) - Catalan Referendum Case explicaba que sus observadores nacionales e internacionales «estudiarán el desarrollo del proceso judicial, realizarán informes finales sobre derechos fundamentales y las garantías procesales y sobre posibles vulneraciones de derecho de reunión y manifestación, expresión y participación política». Esta plataforma, que se presentó en diciembre, está impulsada por varias asociaciones, entre ellas la Associació Catalana per a la defensa dels Drets Humans (ACDDH).

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