El Tribunal de Cuentas traslada a la Fiscalía el gasto de la Generalitat en las «embajadas»

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TCu) ha remitido la documentación sobre las posibles responsabilidades penales de las «embajadas catalanas» y Diplocat a la Fiscalía General del Estado dirigida por Mª José Segarra. Es el paso previo al traslado del Informe de Fiscalización de Acción Exterior de la Generalitat del periodo 2011 a 2017, que supuso un gasto total de 421 millones de euros, al Tribunal Supremo.

Ya en un escrito firmado en marzo por el fiscal jefe del TCu , Miguel Ángel Torres , estipulaba que los hechos recogidos en dicho informe permiten «fundamentar la existencia de indicios de la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado», así como la responsabilidad contable tanto de Artur Mas como de Carles Puigdemont y sus consejeros en su obsesión por internacionalizar el «procés».

El informe también recogía cómo Diplocat se usó como instrumento para la secesión, con un dispendio de casi 16 millones de euros sin justificación ninguna . A ese respecto, la última sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 28 de febrero de 2019, señala que «se debe insistir en que, identificado el consorcio como instrumento al servicio de la secesión, no resulta desproporcionado suprimirlo cuando es la supervivencia de la propia Constitución la que estaba en juego». Sin embargo, la Generalitat lo reactivó en julio de 2018 con objeto de que continúe desarrollando sus labores en pro de la independencia, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya tomado ninguna iniciativa para impedir que vuelva a ejecutar sus actividades ni tampoco haya impedido que las embajadas sean reactivadas. Estas delegaciones en el exterior derrocharon sin control 27 millones de euros durante siete años con un objetivo fundamental: «promover, dar a conocer, fomentar, debatir, publicitar, impulsar y conseguir reconocimiento y apoyos para el proceso de independencia».

Así, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas ha detectado casos en que se utilizó a Diplocat y a las embajadas en la Unión Europea y en Ginebra para pagar más de 560.000 euros por los servicios de observadores internacionales que participaron en el referéndum ilegal del 1-O . Otro de los aspectos más escandalosos fueron los contratos realizados con empresas de lobby, como Independent Diplomat, especializada en «procesos secesionistas vinculados a guerras», gastando 1.392.300 euros en conseguir reuniones del presidente de la Generalitat, en ese momento Artur Mas, y de sus consejeros con personal de la OTAN y de los ministerios de Asuntos Exteriores de otros países.