El Tribunal de Cuentas propone sancionar a las autonomías por sus reiterados incumplimientos
La nueva presidenta del TCu reconoce que «falla el sistema» y descarga en el Parlamento la responsabilidad de endurecer la normativa para meter en cintura a los gobiernos regionales
La retahíla de deficiencias en la gestión económica de los gobiernos regionales se ha convertido en un clásico en todos los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu) . El panorama se repite informe tras informe. Se reproducen las anomalías y se repiten las recomendaciones de los auditores. Abundan los entes autonómicos que rinden cuentas tarde y mal. Es una evidencia ante la que se plegó este martes la nueva presidenta del TCu, Enriqueta Chicano , en su primera comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
«Desanima» la reiteración de las deficiencias detectadas año tras año, confesó ante los diputados, en los que descargó la responsabilidad de ponerle solución a ese persistente problema que afecta, de lleno, la gestión de los más de 230.000 millones de euros que pasan anualmente por las manos de los gobiernos autonómicos -234.000 millones en 2020-.
Además, esta reiteración de incumplimientos denota que «falla el sistema» , según Chicano, que propone endurecer la legislación para establecer un régimen de sanciones similar al que rige ya para las entidades locales . Chicano lo dijo pensando, en concreto, en aquellos que no presentan las cuentas en plazo ante los órganos externos de fiscalización. Pero las anomalías reincidentes, año tras año, no se limitan a esa cuestión de forma sino a muchas más de fondo.
Según la presidenta del TCu, el castigo podría pasar por retener las transferencias presupuestarias que el Estado da a las autonomías y cortarles el paso a ayudas y subvenciones.
Anomalías variadas y reincidentes
La lista de incumplimientos es larga, tanto de forma como de fondo. De forma, por el elevado número de entes autonómicos que no rinden cuentas en plazo, bien porque las presentan tarde o porque no las aportan a los auditores externos: 99 entes autonómicos presentaron sus cuentas de 2018 a destiempo y 66 no las entregaron .
En cuanto a las anomalías de fondo, alcanzan múltiples aspectos : no se cumple con el control objetivo de resultados de la gestión económica; no se miden los fines programados, los resultados obtenidos y sus costes; sigue detectándose un significativo volumen de contratos que se adjudican de forma inadecuada o improcedente; las empresas públicas continúan siendo un enorme agujero de pérdidas que caen sobre las espaldas de los presupuestos autonómicos… Y, además, los gobiernos autonómicos acostumbran a diseñar sus presupuestos de forma irreal , con partidas infradotadas para cuadrarlos de forma aparente. Esto conduce a repetidas y multimillonarias modificaciones presupuestarias a lo largo del año y entorpece la contención del déficit y la deuda.
Todo esto salió a la luz este martes, durante la comparecencia parlamentaria de la nueva presidenta del TCu, que ha accedido al cargo a propuesta del PSOE y en el marco de los pactos alcanzados con el PP para la renovación de varios órganos constitucionales. Se estrenó ayer con la exposición del informe global de fiscalización de las cuentas del año 2018 del sector público autonómico.
Enriqueta Chicano ha llegado al frente del Tribunal de Cuentas tras una dilatada experiencia como miembro de este organismo. A su juicio, que los informes, mociones y advertencias del TCu no hayan logrado erradicar las malas prácticas de los gestores autonómicos no es culpa de este órgano.
«Algo falla en el sisetma, pero no creo que sea el de control (TCu)» , afirmó. «Nosotros ponemos encima de la mesa lo que encontramos, hemos facilitado la rendición e cuentas con soluciones técnicas que ayudan y hemos propuesto mociones al Parlamento para que sus señorías les den la forma que les parezca más oportunas. No podemos llegar más allá par intentar resolver el problema», indicó Chicano. «Les corresponde a ustedes la siguiente parte», afirmó ante los diputados y senadores que integran esta comisión parlamentaria.
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