El Tribunal Constitucional acusa al Gobierno de «abdicar» con la amnistía fiscal de 2012
El tribunal declara inconstitucional la norma, que «quiebra la justicia» tributaria. Montoro comparecerá ante el Congreso de los Diputados y el PSOE pide su dimisión
El Tribunal Constitucional anuló ayer la amnistía fiscal de 2012 y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de hacer «abdicar al Estado» al perdonar a los defraudadores para recaudar más, una medida con la que se pretendía ayudar a reducir el déficit público. En una sentencia, el tribunal garante de la Constitución declaró inconstitucional la normativa fiscal y estimó un recurso del PSOE, quien se apresuró a pedir la dimisión de Cristóbal Montoro .
La nulidad de la norma –aprobada por unanimidad de los doce magistrados que forman el pleno del tribunal– no afecta sin embargo a aquellos que ya han aprovechado la medida, como la familia Pujol, Rodrigo Rato o Luis Bárcenas, entre otros. El TC ha anulado la amnistía fiscal por un defecto de forma: los magistrados consideran que el decreto-ley (el mecanismo normativo que utilizó el Gobierno para aprobar la amnistía) está prohibido para medidas que afectan de forma «sustancial» a los deberes que fija la Constitución, como así sucede en este caso con el deber de pagar impuestos de todos los ciudadanos para contribuir a sostener los gastos públicos. Para explicar por qué la amnistía fiscal afectó a ese deber constitucional, los magistrados critican la esencia de la amnistía, que excluyó cualquier sanción a aquellos que regularizasen su situación.
La sentencia concluye que la necesidad de recaudar generada por la crisis económica no legitima «la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender el sistema tributario». Y considera que «debe concluirse que con esta medida normativa se ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (...)al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art. 86.1 CE», que define los supuestos en que se debe usar el decreto-ley.
Los magistrados, que replican las alegaciones del Abogado del Estado que defendió la legitimidad de la norma, aseguran que la amnistía de Montoro permitió a los defraudadores no solo esquivar las consecuencias penales de sus hechos, sino que también excluyó «la propia responsabilidad tributaria generada y pendiente de cumplimiento». «Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación ».
La sentencia se publicó mientras la mano derecha de Montoro, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, comparecía en el Senado por la tramitación de los Presupuestos. Al ser preguntado sobre el dictamen por el parlamentario socialista, Juan María Vázquez, Hernández de Moya se refirió a la decisión del Constitucional: «La sentencia se acaba de conocer y se está analizando en el Ministerio», describió, para añadir que el TC «va a un análisis del aspecto formal a través del instrumento normativo» utilizado para aprobar la amnistía. «Analice usted las amnistías fiscales de Felipe González», exhortó al senador del PSOE.
Fuentes de Hacienda rechazan que la sentencia del TC cuestione el fondo de la amnistía fiscal sino la forma, ya que debió aprobarse por Ley ordinaria. Sin embargo, el Tribunal emplea duras palabras contra la medida. «Debe concluirse, en suma, que con esta medida normativa se ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (...)al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art.86.1 CE», dictamina la sentencia.
La amnistía fiscal se aprobó por un decreto ley, convalidado por el PP y CiU, en 2012 y permitió a 31.529 personas y empresas aflorar 40.000 millones de euros que hasta entonces estaban ocultos a los ojos del Fisco. La regularización establecía un gravamen del 10% sobre las rentas afloradas, si bien posteriormente el Ministerio de Hacienda precisó en una resolución de la Dirección General de Tributos que solo se pediría el 10% sobre los ejercicios no prescritos, es decir, los cuatro últimos que arrancaban en 2008. Por ello, en lugar de recaudar el 10% de lo declarado, 4.000 millones, se ingresaron 1.200 millones, solo un 3% y por debajo del objetivo del Ministerio, que eran 2.500 . En su momento Hacienda se reunió con bufetes y despachos para tratar de convencer a los acogidos, ante el temor que existía entre los interesados en regularizar por la posibilidad de que el Fisco investigara sus declaraciones. Finalmente, la mayor parte de las regularizaciones se presentaron en los últimos días de plazo, a finales de noviembre de 2012. Ese fue el caso, por ejemplo, del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato.
El Ejecutivo socialista aprobó en 1984 y en 1991 dos amnistías fiscales. Entonces se permitió regularizar sin investigación ni retención alguna. Desde el ministerio también recordaron que otros países aprobaron regularizaciones similares, que tienen el respaldo de la OCDE. Los inspectores de Hacienda tildaron ayer la amnistía de «desprecio» a la igualdad y justicia tributaria.
El PSOE reaccionó pidiendo la dimisión del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro , tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el año 2012. Una sentencia que responde precisamente a un recurso interpuesto por los socialistas. Los socialistas solicitarán la comparecencia de Montoro en el Congreso de los Diputados . Apenas unos minutos después de que se comunicase la decisión del TC en Ciudadanos registraban también esta petición.
El portavoz de Economía del grupo parlamentario socialista, Pedro Saura , compareció en el Congreso para poner en valor la gestión de los socialistas en esta cuestión. «Llevamos 5 años denunciando esta vergonzosa amnistía fiscal; la recurrimos ante el Constitucional que ahora nos da la razón ». Y para trasladar presión sobre el titular de Hacienda: «En cualquier país de la Unión Europea el ministro de turno habría dimitido ya. Llevamos cinco años pidiéndolo. Si tuviera un mínimo de vergüenza la presentaría esta tarde ya mismo. Se tiene que ir y pedimos su dimisión inmediata », ha asegurado el diputado socialista.
Los socialistas estudian también llevar al pleno la reprobación del ministro de Hacienda . «Esperamos que la sentencia del Constitucional tenga consecuencias para quien la hizo y que Montoro se vaya», señaló Saura.
Por parte de Ciudadanos compareció su portavoz de Economía, Toni Roldán, que, como es costumbre en su partido, no ha pedido la dimisión sino que ha solicitado previamente que rinda cuentas ante la Cámara Baja: «Lo que tiene que hacer es comparecer cuanto antes».
En Ciudadanos recuerdan que en el pacto de investidura firmado entre su partido y el PP se incluía la recuperación de parte del dinero no tributado. Por lo que ha lamentado que el TC desarme la amnistía pero que establezca que por seguridad jurídica no puedan recuperarse esos fondos: «Ha pasado demasiado tiempo para que se pague, pero al menos tiene que haber responsabilidades políticas claras. Tienen que explicar por qué lo hicieron si tenían alguna conexión y por qué todos estos amigos premiados estaban en esta lista», ha señalado Roldán. Su aspuesta es la solicitud de responsabilidades políticas: «es urgente e importante que venga cuanto antes para explicar por qué se hizo esa injusta y vergonzosa amnistía ».
Muy duro estuvo también Podemos. Su secretario de Organización, Pablo Echenique, ha acusado al PP de violar la Constitución: «Vemos como el Gobierno del PP se viste de máximo garante de la Constitución, pero cuando toca defender los intereses económicos de defraudadores como Rodrigo Rato, que por cierto es uno de los que se acogió a esta amnistía, viola la propia Constitución».
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