Golpe secesionista
Trescientos curas independentistas llaman a los catalanes a rebelarse contra el Estado
Apelan a secundar el referéndum ilegal en pro de la «autodeterminación» de Cataluña como «nación»
En plena escalada de tensión por el golpe secesionista protagonizado por los independentistas en Cataluña, 282 sacerdotes y 21 diáconos secesionistas han lanzado un comunicado para atizar la rebelión contra el Estado , reclamar el derecho de autodeterminación y apelar a los catalanes a que se echen a la calle el 1 de octubre para votar en el referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional.
Esos 300 curas catalanes de marcado perfil secesionista dicen actuar en este particular «en sintonía con nuestros obispos» . Y, para justificarse, recuerdan el controvertido comunicado lanzado el pasado mes de mayo por los obispos catalanes . En él, a la par que abogaban por el «diálogo», defendían la «singularidad nacional» de Cataluña y reclamaban que sean «escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán».
Ahora, a prácticamente una semana del 1 de octubre -fecha elegida por los independentistas para el referéndum ilegal-, estos 300 curas y diáconos secesionistas de las diócesis catalanas y de congregaciones religiosas han irrumpido con un comunicado en el que apuntan contra el Estado, al que culpan de negarse a «pactar las condiciones» del referéndum convocado por la Generalitat.
En el manifiesto, estos sacerdotes independentistas dicen que hacen este llamamiento a la rebelión contra el Estado de Derecho «empujados por el amor sincero al pueblo que queremos servir». En un público desafío al Tribunal Constitucional, estos sacerdotes proclaman públicamente que «consideramos legítima y necesaria la realización de este referéndum» . Así lo dicen en ese comunicado coral que han firmado y que, en su redacción, es una indisimulada proclama de promoción de la consulta ilegal.
«Invitamos a los católicos y a todos los ciudadanos de Cataluña a reflexionar sobre la importancia de los actuales acontecimientos y votar en conciencia en ejercicio del derecho fundamental que tiene cualquier persona a expresar libremente sus posiciones», remarcan en su comunicado. Y justifican su llamamiento afirmando que «nos hemos sentido moralmente obligados a hacer oír nuestra voz en esta hora decisiva para el futuro inmediato de Cataluña y España».
Los 282 sacerdotes que han rubricado este manifiesto -junto a 21 diáconos- representan en torno al 20% de los curas que ejercen en Cataluña, donde la cuestión independentista genera también tensiones en el seno de sus diócesis e incomoda a algunos de sus prelados. Entre los más activos con la «autodeterminación» figura el obispo de Solsona, Xavier Novell . Hace años que este prelado defiende la celebración de un referéndum secesionista, y en este tiempo ha lanzado proclamas en ese sentido. Sostiene que «el derecho de las naciones es superior al bien moral de la unidad del Estado». Y considra que Cataluña es una nación legitimada a ejercer «su derecho» de autodeterminación.
En la lista de firmas que acompaña al comunicado emitido ahora por esos 300 sacerdotes y diáconos independentistas aparecen, con nombres y apellidos, curas y diáconos de las nueve provincias eclesiásticas catalanas -ocho obispados y dos arzobispados, Barcelona y Tarragona-. Además, también aparecen curas de congregaciones religiosas, como los jesuitas, claretianos, franciscanos, salesianos, escolapios y monjes de la Abadía de Montserrat.
También los abades de Montserrat y Poblet
Precisamente el abad de Montserrat, Josep María Soler , ha emitido también un comunicado conjunto con su homólogo del Monasterio de Poblet, Octavi Vilà , en el que a la vez que piden «prudencia» a los políticos y les exortan a «buscar y llevar a la práctica vías de solución».
Con medida ambigüedad, el comunicado de estos abades deslizan afirmaciones en pro de un referéndum . Así, pese al ordenamiento jurídico y a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, los abades de Montserrat y de Poblet dicen en su comunicado que «el derecho a la participación en la vida política y social tiene que ser garantizado, en un estado democrático, por aquellos a los cuales corresponde la responsabilidad de gobierno, que tienen la obligación de interpretar el bien común de su país escuchando la voz de la mayoría y respetando al mismo tiempo la de los que se encuentran en minoría».
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