INFORME FINAL DE LA FISCALÍA SOBRE EL 1-O
«Trapero puso a los Mossos al servicio de la estrategia rupturista del “procés”»
El fiscal no contempla otro delito que no sea la sedición y se desvincula de la desobediencia impuesta por Delgado dejando que la defienda su compañero
Salvo la alusión al «golpe de Estado» al que se refirió el fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza durante su alegato final en el juicio del «procés», el fiscal que ha ejercido la acusación a Trapero en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo , no se separó ayer un ápice de la postura que el Ministerio Público ha mantenido desde que en octubre de 2017 llevó a los tribunales a los líderes independentistas.
Vinculado por la sentencia del Alto Tribunal que le obliga a rebajar la rebelión a sedición, Carballo no arrojó ninguna duda sobre la comisión de este delito por parte del «mayor» de los Mossos y de sus mandos políticos. Trapero fue «indispensable» , dijo, para dar cobertura al referéndum del 1-O «bajo la apariencia de una actuación policial que en realidad no se estaba produciendo».
Fue el artífice de un plan diseñado para que pareciera que se estaba cumpliendo el mandato judicial cuando lo que se estaba haciendo en realidad era «una dejación de funciones dentro de una estrategia prediseñada» por la que ya fueron condenados los miembros del anterior Gobierno de la Generalitat, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de las asociaciones independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Si quedaba alguna duda de las reticencias del teniente fiscal de la Audiencia a incorporar la alternativa de desobediencia impuesta por Dolores Delgado tras su aterrizaje en el Ministerio Público, esta quedaba despejada por la vía de los hechos. Por un lado, Carballo se limitó a defender únicamente la sedición en un contundente informe en el que los comportamientos que considera probados superan con creces cualquier mera desobediencia penada con multa. Por otro, dejó en manos de su veterano compañero Pedro Rubira la alusión a esta alternativa.
«Los Mossos tenían que ser "parte del pueblo". Pero, ¿de qué parte, de la que estaba con la ley o en contra?»
La sorpresa fue que este otro fiscal tampoco la defendió con vehemencia, y se limitó a decir que el Ministerio Público ofrece esta opción ante la posibilidad de que el tribunal no aprecie sedición y hechos tan graves pudieran quedar impunes al ser la Fiscalía la única acusación. «Las resoluciones del TC no pueden quedar en papel mojado», señaló Rubira. Por lo demás se deshizo en elogios hacia el informe de su compañero y puso el mismo nombre al delito cometido sin escatimar reproches hacia la actuación de Trapero por utilizar a un cuerpo que siempre ha trabajado codo con codo con la Audiencia Nacional luchando contra el terrorismo yihadista y «salvando vidas». La misma diferenciación quiso hacer al inicio de su intervención Carballo: «Este no ha sido nunca un juicio a un cuerpo como los Mossos d’Esquadra. Otra cosa es que alguno de los acusados confundiera el cuerpo consigo mismo».
A juicio del fiscal, la estrategia del «mayor» estuvo clara desde el primer momento: tenían claro que había un «qué» (el mandato judicial de impedir la consulta) pero el «cómo» corrió por su cuenta, y para ello no dudó en poner a los Mossos al servicio del «procés» con «tibieza, inactividad y un plan absolutamente ineficaz en el que no faltaron seguimientos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil ni casos de auténtica complicidad» con quienes habían ocupado los colegios dos días antes de la consulta ilegal.
«Todo era subsidiario a impedir el referéndum, quitar fuerza a cualquier intervención para evitarlo porque los Mossos tenían que ser parte del pueblo. Pero ¿de qué parte del pueblo? ¿de la que estaba con la ley o en contra?», se preguntó Carballo.
Una «tomadura de pelo»
A su juicio, con el plan de Trapero para el 1-O los Mossos «se dedicaron a todo menos a impedir el referéndum». Siguieron a los demás cuerpos, buscaron hasta la saciedad pelotas de goma para poder culpar a la Policía de actuaciones desproporcionadas, no hicieron uso de sus unidades de orden público (y las que se utilizaron no llevaban material), no cambiaron sus planes de actuación pese a ser rechazados por el fiscal superior, no buscaron la coordinación, no cerraron centros de votación porque, según Trapero, confiaban en que la gente se iba a ir voluntariamente... Fue una «tomadura de pelo», apostilló el teniente fiscal. Carballo recordó también cómo se desatendieron todas las peticiones de auxilio de Policía y Guardia Civil tanto el 20-S, durante el asedio a la comisión judicial ante la Consejería de Hacienda, como el 1 de octubre, cuando Trapero puso en marcha su plan fraudulento de los binomios (dos agentes por colegio).
Carballo recordó también que, pese a estar en funciones de policía judicial, Trapero informaba puntualmente a los ya condenados por el Supremo de las instrucciones que salían del TSJ de Cataluña tendentes a impedir el referéndum, por lo que el Gobierno de la Generalitat tenía margen de actuación.
Ahí se enmarcan iniciativas como la ocupación de los colegios dos días antes del referéndum con actividades y acampadas que nada tenían que ver con éste pero cuya finalidad era clara: impedir que fueran cerrados antes de la votación. No fueron ajenos a esta información los mandos de Trapero que también se sientan en el banquillo de los acusados, Pere Soler y César Puig, para quienes la Fiscalía también pide 10 años de cárcel por formar parte del mismo plan.
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