El PP declarará como querellado por borrar los ordenadores de Bárcenas

El Partido Popular deberá comparecer, como persona jurídica, ante la juez número 32 de Madrid por borrar los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas , el extesorero de la formación, que se encuentra a la espera de ser juzgado por las actividades de la trama Gürtel. Esta declaración tendrá lugar el día 4 de febrero, cuando también será interrogado otro querellado, según fuentes jurídicas. Un representante del partido deberá acudir acompañado de abogado.

Para averiguar lo que sucedió, la magistrada Rosa Freire también ha citado para que declaren como testigos el día anterior, el tres de febrero, el propio Luis Bárcenas, su secretaria Estrella Domínguez , el Jefe de Seguridad de la sede nacional del PP en el momento de los hechos investigados y el abogado del partido. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la causa porque no se investigó quien ordenó destruir los ordenadores.

La tesorera del PP ha sido citada en la reapertura del «caso de los ordenadores» y declarará próximamente, junto a otros trabajadores del PP citados como testigos. Izquierda Unida dirige su acusación sobre la tesorera del PP exclusivamente, en razón del cargo que ocupa. Como se recordará, este caso juzgaba la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas, ex tesorero popular incurso en un proceso judicial.

Según una nota del Partido Popular, se trata de un asunto «archivado en octubre de 2013, por inexistencia de delito». Ese archivo fue recurrido por Izquierda Unida y otras formaciones, y ahora se ha reabierto el caso.

En su declaración, añaden los populares, la tesorera, al igual que el resto de los citados, «ratificarán que los ordenadores del Partido Popular, con los que supuestamente trabajaba Bárcenas , no contenían información», puesto que, como él mismo dijo, cambió y se llevó el disco duro. Y que la información que había en dichos ordenadores, «estaba contenida en el pendrive que entregó al juez Ruz», tal y como consta en su declaración judicial del 15 de julio de 2013.

Añadieron que el Partido Popular «siempre ha actuado y actuará en colaboración con la justicia y conforme a la ley». La instrucción del borrado de los ordenadores fue calificada de «insólita y azarosa», en palabras de la Sala. El juez número 32 de Madrid la archivó en octubre de 2013, al entender que los ordenadores pertenecían al PP, por lo que la destrucción de los discos duros no sería delito y el encubrimiento estaba determinado por la suerte que corriera la investigación relativa al delito investigado. Los recursos tardaron más de un año en llegar a la Audiencia de Madrid.