La UE también critica la propuesta de Sánchez de modificar las competencias del CGPJ

La Comisión Europea ha vuelto a criticar abiertamente los planes del Gobierno de cambiar las reglas de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha revelado que la semana pasada el comisario de Justicia en persona, el belga Didier Reynders , se lo advirtió expresamente al ministro español Juan Carlos Campo en una conversación por videoconferencia. En ambos casos, la Comisión Europea ha insistido nuevamente en recordar la doctrina europea según la cual cualquier reforma en el CGPJ debe hacerse de manera «que no pueda interpretarse que queda sometido al poder ejecutivo» y en cualquier caso «después de las oportunas consultas con las partes implicadas» y específicamente con una consulta formal a la Comisión de Venecia.

«Es importante que cuando un Estado miembro reforma su sistema judicial se lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia», ha sido la respuesta de la Comisión a las preguntas sobre la idoneidad del proyecto que maneja el Gobierno para limitar la capacidad de los miembros del CGPJ de hacer nombramientos una vez que han cumplido su mandato, aunque sigan ejerciendo en funciones. Como en otros casos, el ejecutivo comunitario insiste en que no se pronuncia sobre proyectos de ley concretos, sino simplemente «recuerda principios generales» que los países miembros están obligados a respetar.

En este caso además, el portavoz del área de Justicia ha revelado que esto mismo se lo dijo el comisario Reynders al ministro de Justicia en una conversación que mantuvieron la semana pasada, inicialmente dedicada a las consultas que lleva a cabo Bruselas sobre la creación de la figura de un fiscal general europeo durante la que «fue evocada la cuestión de la reforma del CGPJ» y el representante europeo reiteró que «es necesario un proceso amplio de consultas con todas las partes afectadas, incluyendo con la comisión de Venecia». Según el portavoz comunitario, quedó claro que el Gobierno y la Comisión se comprometían a mantener «un diálogo constructivo en este aspecto».