El Supremo reabre el último fleco de Filesa: las subvenciones a una agencia de viajes del Imserso
La Sala Segunda cree que la Audiencia de Madrid se precipitó al archivar el caso por prescripción de los delitos
El Tribunal Supremo ha accedido a reabrir una causa vinculada al caso Filesa al considerar que la Audiencia de Madrid se precipitó al decretar su archivo por prescripción de los delitos . Se trata de la investigación de las subvenciones recibidas por la agencia Viajes Ceres, adjudicataria de un concurso público para viajes de la tercera edad y el último fleco pendiente de la trama de financiación ilegal del PSOE durante el último gobierno de Felipe González.
La Sala Segunda estima así el recurso presentado por el PP, como acusación popular, y señala que esa prescripción de delitos se acordó sin que todavía se hubiera determinado claramente el objeto del enjuiciamiento , «por lo que no es posible conocer la concreta imputación para determinar los términos que pueden dar lugar a la prescripción del hecho delictivo». «Será a partir de esa determinación del objeto procesal cuando pueda examinarse la procedencia de la prescripción, pues, como señala el recurrente, entre los delitos por los que se ha dispuesto la continuación del procedimiento, caben distintas alternativas delictivas que conforman distintas penas y distintas actuaciones del instituto de la prescripción».
El 18 de noviembre de 2019 la Audiencia de Madrid daba carpetazo a la investigación abierta por el juzgado número 26 de Madrid a Viajes Ceres por supuestamente haber dejado de declarar a Hacienda más de 2.000 millones de pesetas de las subvenciones que recibió entre 1989 y 1991 del Imserso , para organizar viajes para la tercera edad. Viajes Ceres –que fue vaciada por sus dirigentes– financió las campañas de viajes para personas mayores en un 40 por ciento con dinero del instituto público que presta servicios para mayores, y en un 60 por ciento con los fondos de los ancianos. Los investigadores también trataban de demostrar si la agencia había desviado 833 millones de pesetas a la sociedad Apartahotel Aguamar, una firma que formaría parte del entramado de Filesa. El inicio de la causa se remontaba a noviembre de 1991, tras la admisión a trámite de una querella del grupo Enatcar por alzamiento de bienes . La empresa de transporte trataba de recuperar la deuda que le había dejado Viajes Ceres, que entró en suspensión de pagos y que no afrontó sus cuentas.
«(...) Dado que el procedimiento ha estado paralizado entre 2009 y 2015, sin que se haya producido avance alguno de la investigación en ese tiempo, deben declararse prescritos los delitos investigados contra la Hacienda Pública y de alzamiento de bienes», señaló la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid hace dos años. Los jueces se habían centrado en los delitos de fraude de subvenciones, delito fiscal e insolvencia.
Diligencias interrumpidas
El Partido Popular, como acusación popular, impugnó el archivo alegando que el cálculo de los plazos de la prescripción se había realizado teniendo en cuenta los delitos planteados por el recurso del investigado, sin considerar los delitos que ven las acusaciones . También argumentó que la misma Audiencia de Madrid rechazó la prescripción en un auto del 30 de marzo 2016 al tener en cuenta algunas diligencias que habrían interrumpido ese supuesto transcurso del tiempo sin actividad. Cita diferentes informes que se solicitaron en 2011 y 2012 a la Brigada de investigación de delitos monetarios; lo que a su juicio habría interrumpido la prescripción.
La acusación del PP aprecia los delitos de estafa, apropiación indebida, malversación, fraude, falsedad documental y delitos fiscales. A la luz de estos delitos que no fueron tenidos en cuenta habrá que valorar si realmente existe esa prescripción.
Un año antes del archivo de la causa por parte de la Audiencia de Madrid, el juzgado número 26 había acordado procesar a Juan-Bautista Calatayud, Rafael Novoa, Antonio Mata, Carlos Rodríguez, Eligio Salgueiro, Miguel Guijarro y Joaquín Lluch.
