El Supremo cita a Laura Borràs el 14 de febrero por adjudicar contratos a dedo a un amigo
La portavoz de JpCat en el Congreso tiene la opción de declarar de forma voluntaria antes de pedir el suplicatorio
El juez del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha citado a declarar el próximo 14 de febrero, a las 11.00 horas, a la portavoz de JpCat en el Congreso, Laura Borràs , en calidad de investigada por las presuntas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) a un amigo cuando ésta estaba al frente de la misma.
Según la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor cita ese día a la diputada «a fin de ser oída en declaración» como investigada por estos hechos y de forma «voluntaria». No obstante, si Borràs descarta esta posibilidad, marcada por ley y que es habitual que se ofrezca a todos los aforados, el magistrado instructor podrá proponer a la Sala de lo Penal la tramitación de un suplicatorio para imputarla formalmente .
El juez instructor ha tomado esta decisión una vez ha estudiado la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que comenzó a investigar estos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos .
En la diligencia con fecha del 31 de enero, el juez De Porres además pone en conocimiento de la diputada catalana «la existencia de unas diligencias», por lo que le requiere que designe procurador y abogado para personarse en la causa abierta contra ella.
Fuentes de JpCat han precisado a Europa Press que Borràs ha sido citada para que le sean leídos sus derechos y se pongan en su conocimiento las diligencias que pesan sobre ella.
El magistrado está al frente de este caso desde el pasado mes de diciembre cuando el Supremo acordó abrir causa a Borràs y le designó instructor del mismo. La exposición razonada de la juez de Barcelona, así como el informe favorable de la Fiscalía, destacan que la diputada de JpCat actuó «de común acuerdo» con Isaías Herrero -también investigado hasta ahora por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona- «para defraudar» a la ILC «mediante el fraccionamiento ilegal» de los contratos.
Para ello, se llevó a cabo la «falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público».
Desde ahora, Herrero queda personado en la causa del Supremo debido a que el magistrado ha aceptado su presencia en la misma, tal y como solicitó su defensa e indica la providencia de citación.
Según la Fiscalía y el Juzgado de Barcelona que comenzó a investigar y que remitió la causa por el aforamiento de Borràs, hay claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, la portavoz parlamentaria de JpCat «abusó» de su condición de directora de la ILC para adjudicar «directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática» , cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, con el que se ha acreditado que tenía una «relación personal y profesional».
