Curri Valenzuela
Soraya, Casals y el mar de fondo del Gobierno
En el Ejecutivo son conscientes de que los cambios llevados a cabo por Rafael Catalá en la Fiscalía General del Estado y la de la Fiscalía Anticorrupción han creado malestar entre los fiscales
Mar de fondo en el Gobierno a cuenta de los rumores que aseguran que uno de sus miembros avisó a Ignacio González de que sus teléfonos estaban intervenidos, las acusaciones de que el ministro de Justicia trató de frenar las investigaciones de los fiscales del caso y la proximidad de Soraya Sáenz de Santamaría con Mauricio Casals, el presidente de «La Razón» imputado por coaccionar a la presidenta madrileña para que no pusiera en la picota al consejero de ese periódico.
Es público y notorio que Casals ejerce de asesor áulico de toda confianza de la vicepresidenta del Gobierno, así que las grabaciones de las que dispone el juez Eloy Velasco en las que él y el director del diario, Paco Marhuenda, hablan de amenazas a Cristina Cifuentes para que cesara en su investigación de las irregularidades que había detectado en el Canal de Isabel II hacen pensar que Sáenz de Santamaría pudo conocer de antemano lo que la Audiencia Nacional estaba investigando. En el Gobierno se comenta que, además de presionar a la presidenta madrileña, Casals trató de influir en otro ministro para que interviniera preventivamente en este asunto. No lo consiguió.
Casals y Marhuenda han declarado que sus conversaciones reflejaban la preocupación por el futuro de su jefe y amigo Edmundo Rodríguez, consejero de «La Razón» y responsable de las operaciones del Canal en Iberoamérica, encarcelado sin fianza por haber participado, supuestamente, en el desfalco llevado a cabo por González de sus empresas al otro lado del Atlántico.
Las acusaciones de los partidos de la oposición de que el ministro de Justicia trató de frenar el ímpetu de la Fiscalía Anticorrupción para perseguir a González preocupan en el Gobierno por la forma, o la imagen que se está creando en la opinión pública; no por el fondo, ya que se reconoce que las diferencias entre los fiscales del caso y su jefe fueron menores y no afectaban al meollo de la investigación. En el Ejecutivo son conscientes de que los cambios llevados a cabo por Rafael Catalá en la Fiscalía General del Estado y la de la Fiscalía Anticorrupción han creado malestar entre los fiscales que se han sentido relevados de sus anteriores funciones, a los que se culpa de las filtraciones del sumario del caso Lezo y se señala que el ministro está situado entre dos fuegos: el de quienes están en contra de que se haya cesado a responsables que llevaban en el cargo desde el anterior gobierno socialista y el de quienes acusan a Catalá de no controlar de manera férrea a los nuevos.
En La Moncloa y en el PP se quejan de las informaciones poco contrastadas, según ellos, tanto sobre la actuación de la cúpula fiscal como sobre las consecuencias políticas de la detención de Ignacio González. En concreto aseguran que no es cierto que se esté presionando a Esperanza Aguirre para que dimita como portavoz de los populares en el ayuntamiento de Madrid. Hacerlo, reconocen, sería abrir la puerta a que se solicite la dimisión de Mariano Rajoy por los casos Gürtel o Bárcenas. De hecho, el PP estudia la posibilidad de recurrir la decisión de la Sala de la Audiencia Nacional que solicitó la semana pasada que Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio del caso Gürtel. La decisión se tomará después de que mañana lunes la Sala haga público el auto motivado pidiendo esa comparecencia, que constará con el voto particular en contra de su presidente, Ángel Hurtado.
