Podemos recula y no se opone al decreto contra la República digital que aprueba el PSOE con PP y Cs
La formación morada rectifica después de que Pablo Iglesias criticara con dureza el texto aprobado por el Consejo de Ministros
La nueva posición de Podemos como socio de investidura del PSOE le ha llevado este miércoles a rectificar su oposición al decreto ley contra la «república digital» y permitir su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso mediante la abstención.
El líder de la formación morada, Pablo Iglesias , criticó con dureza el texto cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros, en plena campaña electoral, y hasta su acuerdo con Pedro Sánchez se presuponía su voto en contra por coherencia con aquella crítica. De hecho, la portavoz del grupo, Irene Montero, no ha querido desvelar el sentido del voto de su grupo cuando ha llegado a la Diputación Permanente argumentando que aún necesitaba aclarar algunas cuestiones con la titular de Economía, Nadia Calviño.
Sin embargo, Podemos no quiere ahora realizar ningún movimiento que pueda malograr su pacto y ha decidido conformarse con la oferta de la ministra para desarrollar y enmendar el texto una vez que la legislatura eche a andar. Una posición difícil de conciliar con la dura intervención que ha realizado el diputado morado, Antón Gómez Reino, durante el debate, sosteniendo que el decreto vulnera los «derechos fundamentales y libertades públicas».
El gesto de Podemos no esconde, sin embargo, las grandes diferencias de criterio que separan a este grupo de los socialistas. El decreto ha terminado siendo convalidado pero gracias al apoyo del PP y de Ciudadanos, ya que todos los socios potenciales de Pedro Sánchez le han dado la espalda.
Especialmente críticos han sido los partidos independentistas y nacionalistas que han votado en contra del texto. Las razones de seguridad pública argumentadas por Calviño para impedir el refugio de servidores en paraísos digitales -necesario para eludir el control del Gobierno y crear la república digital catalana- no ha convencido a ERC, PNV, Junts o Compromís que, en línea con Podemos, han considerado que la norma se lleva por delante derechos de los ciudadanos.
En nombre de ERC, Montserrat Bassa , ha avisado al Ejecutivo de que debería «retirar» el decreto ley no para lograr un pacto con su formación, sino «por los derechos y libertades de la soberanía española y por pura democracia».« Les honraría que reflexionaran y asumieran que se equivocaron al presentarlo», ha deslizado Bassa, tras descalificar la norma llamándola «ley mordaza digital».
La portavoz de ERC ha dicho en el pleno que «todo vale contra el independentismo», pero que con esto «están limitando las libertades y derechos de toda la ciudadanía», en concreto el derecho a la disidencia política. Así, advirtió al PSOE de que con este decreto está « brindando en bandeja al trifachito (PP, Vox y Ciudadanos) » que en el futuro pueda meter en la cárcel a disidentes, pues «permite que sea un Gobierno y no un juez» el que pueda cerrar una web e incriminar a sus creadores, todo bajo el «indeterminado precepto de riesgo para la seguridad naciona».
ERC ha avanzado que recurrirá el decreto. «Si hay que ir a los tribunales europeos para derogar este decreto, no tengan duda de que lo haremos». Pidió al PSOE que rectifique y reconozca el error de haberlo aprobado por derechos, «no por un pacto con ERC», y terminó proclamando que, con cada recorte de estas características, se hace más necesario que Cataluña se haga independiente.
Aviso del PNV
El PNV ha llegado a avisar al PSOE de que o reconduce este asunto hacia la búsqueda de un acuerdo «a la mayor brevedad posible» o la «predisposición» del PNV «a colaborar» con los socialistas «estará seriamente comprometida».
El Gobierno de Sánchez aprobó este decreto a finales de octubre, con medidas urgentes en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones y que justificó por razones de seguridad pública ante las elecciones del 10-N y las protestas convocadas en Cataluña contra la sentencia del proceso independentista de 2017.
El decreto ley, conforme establece la legislación, están en vigor desde que fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero debía ser debatidos por el Congreso en el plazo de 30 días para decidir si se refrendan o se derogan.
La portavoz de Junts, Laura Borràs , ha definido el decreto ley como «un golpe de Estado digital» de un «Estado tecnófobo» que «protege a sí mismo contra los ciudadanos». «Es la 'Ley Corcuera digital', la ley de patada en el servidor sin orden judicial», ha denunciado, incidiendo en que la norma «no tiene nada que envidiar a las de regímenes autoritarios».
Además, ha coincidido con otros intervenientes en arremeter contra el Gobierno por haber aprobado la norma «de forma burda en el tiempo de descuento de una legislatura fallida», sin dejar a los grupos presentar enmiendas, y evitándose los informes que habrían tenido que emitir los órganos constitucionales de haberse aprobado mediante un proyecto de ley.
Intervenir internet
Desde Compromís, Joan Baldoví , también ha avanzado que no apoyarán la convalidación de un decreto que permite «intervenir internet como en China o Arabia Saudí». Lo mismo ha argumentado Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que cree que esta norma abre la puerta a un «Estado de excepción digital».
