Socios del Gobierno insisten en pedir un CGPJ catalán y eliminar la Audiencia Nacional
ERC y Geroa Bai aprovechan la comparecencia de la ministra Llop en el Senado para reiterar propuestas independentistas contra la Justicia española
Dos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, como muy probablemente volverá a quedar patente con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, han insistido hoy en dos viejas reivindicaciones para laminar la Justicia española : liquidar la Audiencia Nacional y un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo para Cataluña.
Lo han hecho aprovechando la comparecencia de la ministra de Justicia esta tarde en la comisión del ramo en el Senado, durante la que Geroa Bai ha pedido a la Pilar Llop que se elimine la Audiencia Nacional por entender que es un «tribunal de excepción» que ya no tiene sentido «diez años después de la desaparición de ETA».
Hay que recordar que este órgano no sólo sigue juzgando a etarras por crímenes todavía no resueltos, sino que también juzga otros delitos graves de ámbito nacional , como los relacionados con el tráfico de drogas o la corrupción. Tampoco es cierto que sea un «tribunal de excepción», que están prohibidos por la Constitución española, como ha tenido que recordar a Geroa Bai la propia ministra.
Por su parte, ERC ha insistido a Llop en otra de las viejas reivindicaciones de los secesionistas catalanes, como el Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano previsto en el Estatuto de Autonomía de 2006 que impulsó el PSC de Maragall y que el PSOE de Zapatero se comprometió a aprobar. Este es uno de los puntos que anuló el Tribunal Constitucional (TC) en 2010 tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.
El Consejo de Justicia de Cataluña sería una especie de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo para esta comunidad y que actuaría como «desconcentrado» de este órgano nacional para, entre otras cosas, que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo eligiera ese consejo designado por el Parlament catalán y no por el CGPJ que elige el Parlamento español. En sus dos turnos de respuesta, la ministra no ha valorado esta reivindicación de ERC.
Respecto a la renovación del CGPJ, pendiente desde hace tres años por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, Llop se ha limitado a comentar que este órgano «es un poder del pueblo, ojo con tocar alguna de estas piezas y a ver qué piezas tocamos para que no se desmorone el sistema constitucional». También añadió de pasada que, según ella, «los vocales del CGPJ son absolutamente independientes» .
Descarta una Ley de Pandemias
El PNV ha preguntado a la ministra de Justicia si el Gobierno prevé una nueva legislación para hacer frente con mejores «herramientas jurídicas» a otra pandemia y evitar así el «auténtico desaguisado que ha provocado desconcierto social» por las diferentes respuestas de la Justicia sobre las medidas de las administraciones para hacer frente a esta crisis.
Aunque el Gobierno de Sánchez se comprometió a ello en mayo de 2020 , tal y como avanzó la entonces vicepresidenta Carmen Calvo (PSOE), la actual ministra de Justicia lo ha descartado hoy asegurando que «ya tenemos un marco jurídico y una jurisprudencia constitucional que es en las que se mueve este Gobierno». Es decir, que si vuelve una situación que requiera de medidas drásticas como las de la primavera del año pasado, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ya no aplicaría el estado de alarma, sino el de excepción .
Por su parte, los dos principales grupos de la oposición han afeado a Llop varias polémicas que ha protagonizado desde que fue elegida hace menos de cuatro meses y medio. Entre ellas, sus críticas a la sentencias del TC declarando inconstitucionales los dos estados de alarma y el cierre del Congreso durante los primeras semanas de la pandemia. La ministra justificó sus comparecencias públicas cuestionando esas resoluciones del tribunal de garantías «porque tengo criterio jurídico» .
PP y Vox también se quejaron de los continuos ataques de ministros de Podemos a la Justicia por las resoluciones judiciales que no les gustan y advirtieron sobre la intención de este partido de eliminar las actuales oposiciones de jueces y fiscales.
