Siete años de instrucción, más de un centenar de imputados y un juicio menor a la vista

Han pasado cerca de siete años y medio desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de mano de la Fiscalía Anticorrupción y bajo tutela del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, hizo estallar lo que se conocería como el caso Púnica. Fue en octubre de 2014, cuando detuvieron al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y otro medio centenar de personas por integrar una red de corrupción que contaminaba los municipios de la periferia de Madrid: tráfico de influencias y cuantiosas mordidas por cuenta de adjudicaciones de contratos públicos. La causa, que en aquel momento ya se vaticinaba farragosa por la cantidad localidades y contratos afectados, acabó deviniendo en ingobernable. La Púnica, un mastodonte con más de un centenar de imputados, ha visto ya dos jueces de instrucción, varias reorganizaciones de la investigación, y hasta un fiscal de refuerzo incorporado recientemente al tándem de Carmen Cerdá y Teresa Gálvez para empujar algunas piezas separadas. Sin embargo, lo único que ya se ha juzgado fue un asunto menor –un chivatazo a Granados– y de las doce piezas que finalmente tiene la causa sólo una de las colaterales cuenta ya con fecha de vista oral: la relativa a contratos de imagen en León. La que investiga lo mismo pero en Murcia está lista ya para el banquillo, aunque aún no se ha decidido cuándo.

Al margen de las tres mencionadas, hay otras dos piezas donde se ha puesto el punto y final a la investigación con auto de procesamiento. Se trata de la que afecta exclusivamente a David Marjaliza, cerebro de la Púnica, ex socio de Granados y colaborador ahora de la Fiscalía, en su papel de conseguidor de contratos para la empresa Cofely. En misma situación está la pieza 7, relativa a los contratos con Waiter Music. En ambos casos, aún hay recursos pendientes de resolver y escritos de acusación por llegar para dictar apertura de juicio oral, pero están acabadas. Son cinco de doce, aunque entre las otras siete las hay donde el juez ha decidido ya que no habrá más plazos para investigar. Es el caso de la relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño, por la que sigue investigada Esperanza Aguirre. Se espera que sea la siguente pieza en terminar y aún así, aún queda muy lejos un juicio. Mientras, están pendientes las pesquisas sobre contratos de imagen en varias localidades (pieza 10), urbanismo de Valdemoro (4), la gestión de Granados en la Comunidad (8), la de Alfedel (11) o la separada sobre blanqueo (12). Es decir, el final queda aún muy lejos.