Sexo, basura y drogas en los balcones del confinamiento okupa

«Entre noviembre y Fin de Año habían rajado las ruedas a 28 coches, a primeros de enero hubo un fuego con los bomberos allí, en Reyes quemaron dos contenedores y el día 9 incendiaron la azotea». Es el resumen que hace María Teresa Paús, presidenta de la asociación vecinal, de unos comienzos duros, pero en los que jamás sospecharon que una pandemia vendría a diezmar su margen de maniobra hasta la impotencia y a disparar al infinito el libertinaje de quienes les han amargado la vida. Drogadictos, prostitutas, menas sin lugar donde ir, delincuentes de todo tipo.

Con precedentes en el distrito madrileño de Tetuán, en el Raval barcelonés o en Agra de Orzán, en La Coruña, este expolio de un edificio entero en Huelva demuestra como la okupación puede confiscar el bienestar de barrios completos , y con ella requisar la existencia de vecindarios que se ven obligados a perpetrar gestas colectivas para tratar de volver a la normalidad ante la inoperancia de los poderes públicos. En el Molino de la Vega se busca esa vuelta a la calma desde los primeros días de agosto, cuando «por razones de salud pública... no lo sabemos, pero creemos que va por ahí» -apunta Teresa Paús-lograron que se activara finalmente un desalojo. Tuvo que mediar una campaña de denuncias en los medios, manifestaciones y la reclamación impenitente y presencial al Ayuntamiento, sus partidos políticos (Podemos e IU no acudieron a la convocatoria más crítica),peticiones a la Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno o visitas a los jueces, que solo fueron posibles cuando se puso en marcha la desescalada. El asalto al edificio dejó a la vista un vertedero descomunal. La guarida del fin del mundo, canibalizada hasta el hueso.

«Todo destruido, quitaron escayolas para llevarse los cables , las instalaciones del aire acondicionado, vendieron los sanitarios, los marcos de las puertas... cuando el camión municipal llegó, las basura en el patio interior llegaba a las ventanas del primer piso y entre ellas excrementos, comida podrida, ratas y cucarachas. El hedor hizo vomitar a los muchachos que hacían la limpieza», narra la representante vecinal.

Para valorar la dimensión temporal de este despropósito, conviene tomar distancia y advertir que los okupas ya habían sido identificados dos años atrás en ese local propiedad de un banco de Costa de la Luz, donde vivien mil familias. El presidente de su asociación de Vecinos, Carmelo Merchán, desmenuza un diario de peleas animales entre los intrusos que se alojaban permanentemente, de vez en cuando o iban de visita de aquel espacio de 65 metros cuadrados, antiguo taller de alumnio, que acabó en «narcosala, en fumadero». En supermercado de estupefacientes.

Merchán fue el primero en pelear por ayuda, que no encontó en ninguna institución. Nadie les dio respuesta. «El alcalde decía que era un problema subjetivo, que nos dejábamos llevar por la xenofobia», cuenta. Solo meses de concentraciones semanales y, ya entonces, esa presión de los medios de comunicación que luego reproducirían en El Molino, funcionaron para que en noviembre de 2019 evacuaran el local. Se hizo en el marco de una operación antidroga. Dentro había un butrón listo para colonizar otro local colindante.