Satisfacción entre los magistrados del TC tras meses de «desgaste»

Tras varios intentos que acabaron en bloqueo pocos aventuraban ya en el Tribunal Constitucional que la renovación del tercio cuyo mandato legal venció en 2019 iba a llevarse a cabo al margen de la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre todo por el movimiento de piezas que suelen llevar aparejadas ambas renovaciones. Lo cierto es que la noticia del acuerdo entre PSOE y PP ha causado alivio en el seno del órgano de garantías en un momento especialmente complicado, en el que la tensión que se viene mascando desde hace más de un año tuvo su máximo exponente justo antes del verano, con el bronco y agrio debate del Pleno que declaró inconstitucional el primer estado de alarma. Aquella reunión dinamitó cualquier posibilidad de acuerdo entre los magistrados de ambos bloques, conservador y progresista, y supuso un precedente para otras sentencias que han sucedido a aquélla y en las que, por su trascendencia política y social, habría sido deseable un mayor entendimiento entre la totalidad de los magistrados, tal y como reconocen en el propio Tribunal Constitucional.

Las presiones del Gobierno –en concreto de la ya exvicepresidenta Carmen Calvo– a miembros del tribunal, el cruce de votos entre sector progresista y conservador, y una segunda vacante que se viene arrastrando en los últimos plenos –por la convalecencia de uno de sus magistrados, Alfredo Montoya– habían convertido la situación en «asfixiante», algo a lo que tampoco ha ayudado el hecho de que el propio presidente lleve dos años con el mandato legal caducado y se haya desvinculado desde tiempo atrás de los magistrados del sector conservador, con los que ha habido roces.

«El TC estaba perdiendo prestigio» , comenta un miembro del tribunal en declaraciones a ABC. De ahí que en términos generales se aplauda esta renovación, en la que, además de Juan José González Rivas, saldrán la vicepresidenta Encarnación Roca, el magistrado Andrés Ollero y se cubrirá la vacante que dejó hace un año el magistrado propuesto por el PSOE Fernando Valdés tras verse implicado en un caso de violencia de género.

Fuentes próximas a la negociación para la renovación del órgano ven positivo un acuerdo que favorece tanto al PSOE como al PP porque en ambos casos podrán redefinir los bloques del TC y volver a esa mayoría conservadora 7-5 que dará la vuelta en la próxima renovación, prevista para el verano de 2022. Como adelantó ABC, esa renovación está supeditada a que antes se haya elegido un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues los cuatro magistrados tienen que ser nombrados por el CGPJ (dos) y por el Gobierno (otros dos) y a día de hoy con el recorte que se hizo de las funciones del órgano de gobierno de los jueces, no puede hacer ningún nombramiento.

La renovación actual, que lleva un retraso de dos años, es la que corresponde al Congreso. Dos magistrados serán nombrados por el PP y dos por el PSOE. De momento la presidencia seguirá en manos del sector conservador, que es el que tiene mayoría. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que los nombres de los candidatos aun no están cerrados y que Teodoro García Egea y Félix Bolaños se han emplazado a una segunda ronda en la que ya pondrían sobre la mesa sus propuestas que, en todo caso, anuncian que se tratará de juristas de reconocido prestigio. No habrá vetos, anuncian.

Lo que no está claro que ambas partes mantengan los nombres que manejaron hace apenas unos meses, sobre todo por la parte que respecta al Gobierno porque hay un factor muy significativo que puede alterar las quinielas y es el hecho de que Carmen Calvo, quien de facto asumía las relaciones con el TC, ya no está en el Ejecutivo y puede que no se cuente con los candidatos que ella puso sobre la mesa, como la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez, o el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Pablo Lucas. El prestigio de este último está fuera de toda duda y de hecho tendría buena acogida por parte del sector conservador, pero su salida del Supremo dejaría una nueva vacante en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que a raíz que la reforma que impide al Consejo hacer nombramientos, está bajo mínimos.

Respecto a los candidatos del Grupo Popular los nombres que se barajaban antes del verano eran el del catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y el del catedrático de Derecho Procesal Nicolás González Cuéllar .