Pedro Sánchez quiere abordar la reforma del Código Penal este semestre

El Consejo de Ministros aprobó ayer el calendario legislativo para este año 2020. Lo presentó sin excesivos detalles la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , que aseguró que este calendario constituye el «núcleo fundamental de la acción política» de un Gobierno «que ha venido para tomar decisiones».

Según la vicepresidenta primera este calendario contempla hasta 92 leyes a lo largo de este año. La mitad de ellas se remitirán a las Cortes antes de agosto. No obstante, el ramillete de normas que va a presentar el Gobierno todavía no se conoce. El calendario legislativo no se hará público hasta que pase por la Junta de Planificación y Evaluación Normativa y por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. No obstante, la número dos del Gobierno insistió en que el Ejecutivo ha tomado una «gran decisión de planificación, de transparencia y de ordenación de la acción política ».

Aunque el Gobierno no va a hacer público todavía este calendario, la vicepresidenta primera sí destacó algunas reformas que se presentarán en fechas muy próximas, destacando entre ellas la ley de Educación. Aunque también mencionó Calvo la ley de cambio climático o la ley de lucha contra el fraude fiscal. Y la modificación del artículo 49 de la Constitución en el que se recoge el termino disminuidos para referirse a personas con discapacidad. Una reforma en la que el Gobierno esperara lograr «unanimidad» en el Congreso.

Fue bastante más críptica la vicepresidenta cuando se le preguntó por en qué momento del año se presentará el proyecto de reforma del Código Penal. Sí confirmó Calvo que tendrá lugar « a lo largo de este año », estando «prevista en este primer período». Pero evitando comprometerse con ello y dejando la puerta abierta a que pueda ser en la segunda mitad del año en curso.

Posteriormente desde su departamento se insistía en esa idea. El Ministerio de Justicia podría estar en condiciones de presentar el proyecto antes del parón estival, pero el Gobierno prefiere no comprometer una fecha concreta. Ya que se trata de una cuestión cuya aprobación puede estar muy vinculada al momento político en que se tramite. Se tratará de una reforma de intención transversal , con varias puntos de actuación pero donde el Gobierno pretende introducir las modificaciones en los delitos de sedición que pueden terminar por reducir las penas de los líderes independentistas condenados por el «procés».