Sánchez demora el recurso en el TC para no tensar la relación con ERC
Celaá explica que el Gobierno «sigue estudiando» la impugnación de la resolución del Parlament a favor de la autodeterminación y contra el Rey
En el meollo de las negociaciones con ERC para lograr los apoyos en la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno en funciones equilibra y evita emitir cualquier anuncio que enturbie el contrato con sus socios independentistas. La ministra portavoz, Isabel Celaá , explicó ayer que siguen «estudiando» si recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña la semana pasada a favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía.
«Ambas resoluciones se están estudiando y tengan ustedes absoluta seguridad de que el Gobierno se debe al principio de legalidad y no va a aceptar de ninguna de las maneras una vulneración de la legalidad. Ni en una ni en otra», expresó Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en referencia también al texto aprobado el 7 de noviembre en la Asamblea de Madrid pidiendo la ilegalización de partidos independentistas.
«Ambas resoluciones siguen siendo estudiadas», zanjó la ministra portavoz sin más profundidad, después de ser preguntada por si la demora respecto a la resolución del Parlamento catalán estaba relacionada con las negociaciones que mantienen con ERC. Durante los últimos meses el Gobierno en funciones ha acudido al tribunal de garantías con más textos aprobados por los independentistas en el Parlamento catalán. El último fue en noviembre, antes de las elecciones y del preacuerdo de coalición, con la moción de la Cámara catalana que atacaba al Tribunal Supremo por su sentencia contra el «procés». Sin embargo, el Ejecutivo socialista hace ahora contrapesos y evita declaraciones que puedan perjudicar el diálogo con Esquerra.
«El pesimismo es un territorio vacío, un cuarto oscuro», aseguró Celaá, preguntada por si habrá Gobierno antes de Navidad
La ministra portavoz rechazó valorar el estado de las negociaciones entre socialistas e independentistas. «No entraré a afirmar una cosa u otra porque corresponde a las fuerzas políticas hacerlo», manifestó. Eso sí, Celaá envío un mensaje velado a todos los grupos parlamentarios: «Gobernar es una cuestión y necesidad de Estado, y ayudar a la gobernabilidad es una responsabilidad compartida », lanzó.
También dijo ser «optimista» con que la formación del Gobierno de coalición llegue antes de Navidad. «El pesimismo es un territorio vacío, un cuarto oscuro», aseguró. A pesar de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, considere «complicado» que se puedan celebrar la sesión de investidura de Sánchez antes de fin de año.
«Hablamos de referéndum»
Aprovechó Celaá para dejar claro ayer que Sánchez no sugirió el miércoles que ya hubiese un acuerdo con ERC. «No dio por hecho nada. Pueden revisar las declaraciones», expresó. Las declaraciones del presidente en funciones, durante su visita a la Cumbre de la OTAN, en Londres, diciendo que «el acuerdo iba a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática» no sentaron bien en ERC, que tuvieron que apostillar después que el entendimiento «todavía está lejos».
Este jueves también habló sobre la materia Laura Borràs , portavoz de JpC en el Congreso, quien desveló que en la reunión de la formación que controla Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica), JpC, y el PSOE, para tratar la investidura de Sánchez se trataron asuntos como la celebración de un referéndum de secesión y el derecho de autodeterminación.
«La noticia es que nos hemos reunido. Estuvimos hablando de lo que nosotros vemos como el único camino para resolver el conflicto político y nos emplazamos para continuar hablando. Aunque había desacuerdo en las vías, pudimos hablar de todo. Sí, hablamos de referéndum y de autodeterminación, y de mesas de negociación», añadió Borràs en una entrevista para la Cadena Ser.
En otro orden de cosas, el Tribunal Constitucional dio a conocer ayer un auto amparando a Ciudadanos frente a la admisión a trámite en el verano de 2018 de una moción de CUP para que el Parlamento de Cataluña se reafirmara en la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015. El Tribunal recuerda que la Mesa puede y debe controlar las iniciativas que se votan.
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