Ribó cometió infracciones «muy graves» en la contratación «a dedo» de un servicio municipal
La Agencia Valenciana Antifraude detecta irregularidades en el Ayuntamiento de Valencia por pagos sin contrato a una empresa de mediación en desahucios
En el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Joan Ribó (Compromís) y sus socios municipales PSPV-PSOE y Podemos, se cometieron durante los años 2016 y 2017 «infracciones muy graves» en la contratación de un servicio municipal de mediación hipotecaria. Según confirma la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, el Consistorio adjudicó deliberamente el trabajo a El Rogle Cooperativa Valenciana, una entidad que ofrece asesoramiento en conflictos donde existe riesgo de desahucio, saltándose una parte de los trámites legales.
El informe de Antifraude llega después de una denuncia del asesor del PP local Luis Salom ante la agencia valenciana contra el gobierno tripartito de Compromis, PSOE y Podemos. Según explican, los pagos que se realizaron desde la concejalía de Vivienda se aprobaron en la propia Junta de Gobierno en 2017 y 2018, y durante un Pleno municipal, a pesar de las advertencias de que se podía incurrir en una ilegalidad. Además, según la resolución, se realizaron dichos pagos sin contrato durante el segundo año.
«Antifraude determina que en la contratación de El Rogle se incurrió en irregularidades como el fraccionamiento de contratos, el enriquecimiento injusto, la omisión de la fiscalización previa y se obviaron los reparos e indicaciones de suspensión de la intervención del Ayuntamiento», explica el grupo popular municipal en un comunicado de prensa, con el que han hecho público el informe de la agencia. Los pagos a la empresa privada superan la cifra de 37.000 euros .
La agencia también revela que el Ayuntamiento de Ribó, una vez finalizada la primera temporada de trabajo en 2017 con la empresa, les adjudicó de nuevo los trabajos en 2018 sin anuncio que lo certifique, de manera apalabrada y cobrando lo mismo. Un trato de favor que puentea a otras empresas que podían haber entrado a concurso y prestar sus servicios.
«Que Ribó dé explicaciones»
La edil popular María José Catalá denuncia que la actuación del Ayuntamiento de Valencia «pone al descubierto la gran mentira del discurso del tripartito en defensa de la administración pública y supone que los valencianos tengamos que pagar más del doble de lo que costaba este servicio cuando lo llevaba el Colegio de Abogados de Valencia». Esta entidad de carácter público prestó los servicios al Consistorio hasta agosto de 2014, pero luego no se acudió a ella y Compromís, PSOE y Podemos decidieron contar con El Rogle.
«Es muy grave que el servicio se esté prestando con un coste elevado, favoreciendo a una empresa privada determinada que en su web presenta unos contenidos sobre sus simpatías políticas», denuncia Catalá, que exige a Ribó explicaciones sobre las infracciones e irregularidades que la agencia Antifraude ha detectado.
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