Reino Unido deja pendiente de tramitar la euroorden de Ponsatí
Pide a España que aclare distintos aspectos del delito de sedición y por qué se le imputa a la exconsejera
La reactivación de las euroórdenes para la entrega de los exconsejeros huidos que puso en marcha el martes el juez Llarena se ha dado ya de bruces con el primero de los obstáculos: la tipificación penal del desafío al Estado de Derecho por parte del anterior gobierno de la Generalitat como un delito de sedición y no de rebelión. Apenas veinticuatro horas después de que el instructor de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo cursara las euroórdenes a instancias de la Fiscalía, el Reino Unido dejaba pendiente la entrega de la única de los procesados en rebeldía que se encuentra en ese país: la exconsejera Clara Ponsatí . La Policía británica considera que en la petición de Llarena faltan datos esenciales, como el lugar y el tiempo en el que se produjo el delito de sedición y la relación de este delito con la exconsejera.
La comunicación de las autoridades británicas llegaba dulcificada por la noche, horas después de que, como adelantó ayer ABC, hubieran comunicado al Ministerio del Interior que la petición «es desproporcionada» con arreglo a su legislación y que no la tramitarían. Tras la reacción del Ejecutivo de Sánchez atribuyendo el término «desproporcionado» a un error la policía británica emitió un nuevo documento en el que se disculpa por haber utilizado esa palabra y aclarando que lo que querían decir en realidad es que faltan datos esenciales para tramitar esta petición.
La sentencia del «procés» obligó a acotar la reclamación de Ponsatí a solo un delito, el de sedición, frente al de rebelión que fundó la anterior reclamación meses atrás. También ha implicado que Llarena haya tenido que prescindir en su solicitud del delito de malversación, pues, según consideró la sentencia del Supremo, no basta que los exconsejeros de Puigdemont firmaran el acuerdo gubernativo en el que asumían de forma solidaria los gastos destinados al referéndum del 1-O, sino que eran precisos actos materiales, ejecutivos, más allá de la firma de ese acuerdo. En este sentido, la cesión de espacios para la celebración del referéndum ilegal que imputa a Ponsatí no entraría en ese tipo delictivo.
«La orden de detención europea ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia . Han determinado que es desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido», contestaron en un primer momento las autoridades británicas al Ministerio del Interior español. No obstante, emplazaban a España a que «si tienen en su poder información sobre el historial delictivo previo de la persona o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción se la faciliten al servicio nacional Sirene del Reino Unido» para volver a evaluar la decisión de no certificar esta euroorden.
Fuentes del Tribunal Supremo relacionan las trabas a entregar a Ponsatí por sedición a que, al igual que en España, este delito está enmarcado en la legislación del Reino Unido en un delito de orden público y no en un delito contra las instituciones del Estado. No obstante, en este momento el primer paso que se ha dado se sitúa en el ámbito de la cooperación policial entre países. La última palabra la tienen las autoridades judiciales de Escocia, quines ya tienen en su poder la orden europea de entrega traducida al inglés.
En declaraciones a TV3, Ponsatí aseguró ayer que «nos estamos acostumbrando a la barbarie» con las euroórdenes dictadas por el Tribunal Supremo y auguró que el proceso de resolución de su entrega durará meses: « No espero una resolución inmediata », dijo.
Victimismo internacional
Ponsatí se refirió a las polémicas declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , y a su compromiso electoral de hacer volver a España a Puigdemont.
«¿Cómo lo hará? ¿Están planificando un secuestro? Hasta los límites a los que han llegado solo falta eso. ¿Lo secuestrarán a la bruta, como hicieron bajo la dirección política del partido socialista en los años 80 los GAL? Sería extraordinariamente atrevido », remarcó la exconsejera de Educación.
En el marco de la propaganda y victimismo de los independentistas fuera de España, Ponsatí señaló que no hay otra manera «de hacer volver al presidente Puigdemont que no sea reconociendo sus derechos políticos y aceptando el retorno de los exiliados ».
