Los «regalos» que llevaron a otros políticos ante el juez

Aunque no haya una contraprestación ilegal, si un político acepta un regalo por razón de su cargo estaría cometiendo un delito de cohecho. Así de sencillo, aparentemente, a pesar de que una condena siempre es fruto de un recorrido en el que la presunción de inocencia debe ser destruida con las pruebas de la acusación.

En esta modalidad del delito, conocido como cohecho impropio y regulada en el artículo 422 del Código Penal, la autoridad pública que es sobornada debe recibir el regalo en consideración por su cargo en la Administración. Castigado con penas de prisión de seis meses a un año , no exige que el funcionario o político favorezca a cambio a la otra parte, ni hace falta que el político solicite el regalo. El objetivo del tipo penal es proteger el deber de integridad de cualquier funcionario, cuya obligación es servir a los intereses públicos.

Aun así, el Tribunal Supremo ha marcado el criterio al dejar fuera del perímetro de este delito aquellos regalos que sean meros actos de cortesía que no comprometan la imparcialidad de los agasajados. Así lo estableció en el caso del exdiputado europeo socialista José Blanco o el senador popular José Manuel Barreiro , en una decisión de marzo de 2017. Recibieron unas botellas de vino en Navidad por parte de un empresario.

Uno de los casos más mediáticos en los que la acusación de cohecho impropio llevó a un político ante los tribunales fue el del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps , que fue absuelto en 2012 tras ser acusado de aceptar trajes y prebendas de parte de la trama Gürtel . El jurado popular que exoneró a Camps consideró, por cinco votos a cuatro, que el cohecho impropio no pudo ser probado por la Justicia. El Supremo respaldó la decisión y confirmó la absolución de Camps.

Por el mismo delito también fue imputado el exjuez Baltasar Garzón , al que investigaron por el patrocinio de cinco empresas españolas a unos cursos que realizó en la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006. El caso fue archivado porque el Supremo –que también ha fijado que el supuesto regalo no tiene por qué ser una prestación económica – consideró que los hechos habían prescrito.

En otra causa, la trama Púnica, políticos como Lucía Figar o Salvador Victoria están imputados por supuestamente encargar trabajos de reputación personal a cargo de las arcas públicas, enmascarados en supuestos servicios para la administración.