Pleno del Congreso
La reforma constitucional sobre discapacidad sigue su tramitación 'tocada' por la falta de consenso
El PP y Vox piden sin éxito devolver el texto del Gobierno por «unilateral» y por las críticas del Consejo de Estado en su dictamen
El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad del PP y de Vox en contra de abordar un cambio en la Constitución que sustituya el término 'disminuidos' recogido en su artículo 49 por el de 'personas con discapacidad' . Los partidos de la derecha han criticado la modificación por la «unilateralidad» del Gobierno en la reforma, por las dudas manifestadas por el Consejo de Estado en su redacción y por el momento político actual, en el que el Ejecutivo está respaldado por partidos independentistas .
No obstante, durante el debate el PP y Vox apenas han recibido el apoyo de UPN . El resto de formaciones, desde los socios del Gobierno hasta partidos tan dispares como Junts per Catalunya y Ciudadanos (Cs), han cerrado filas con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , encargado de defender el proyecto de ley , aprobado por el Consejo de Ministros cuando todavía asumía esa cartera la exvicepresidenta Carmen Calvo .
El balón de oxígeno recibido por Bolaños, sin embargo, no basta para garantizar que la reforma prospere. Al tratarse de un cambio en la Constitución, requiere de al menos tres quintos de la Cámara Baja para ser aprobada de forma definitiva. Ahora, superado el primer escollo parlamentario, se abre un periodo de enmiendas parciales en el que el Ejecutivo deberá convencer al menos al PP o a Vox para rebasar la barrera de los 210 diputados necesarios. Si los populares, sus socios de UPN y Vox se mantienen en el no, el Gobierno aspirará a un máximo de 207 votos a favor. Insuficientes.
Aparte de la palabra 'disminuido', el Gobierno plantea reconocer «los derechos y deberes previstos» en la Carga Magna «en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva» para las personas con discapacidad, sin que pueda haber «discriminación». También, se insta constitucionalmente a los poderes públicos a abordar «las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad». El ministro Bolaños ha defendido la redacción, a pesar de las duplicidades «perturbadoras» que señaló el Consejo de Estado en su informe preceptivo.
Bolaños ha reclamado el respaldo de todos los grupos para modificar el artículo 49 de la Constitución y «consagrar la dignidad» de las personas con discapacidad, así como «el deber de los poderes públicos» de promocionar sus derechos. Tanto el PP, como Vox, como UPN han denunciado que el cambio no supone realmente ninguna mejora en el día a día de las personas con discapacidad.
«Ni un solo motivo para votar en contra»
«No se me ocurre ni un solo motivo que justifique votar en contra de que el Estado reconozca el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad», ha dicho Bolaños, quien ha apelado directamente a los partidos de la oposición para que apuesten por «el consenso» y presenten enmiendas parciales, si lo desean, para mejorar el texto propuesto por el Gobierno.
En el PP y en Vox, a pesar del tono del ministro, la sensación es de desconfianza. En 2018 ya se abordó en el Congreso una modificación similar, pero aquella nació de la iniciativa de los grupos parlamentarios después de negociaciones entre todos ellos. No se inició la tramitación entonces por el sobrevenido adelanto electoral y la disolución de las Cortes, pero ahora es el Ejecutivo el que capitanea en solitario la reforma. Un movimiento «partidista» para los dos principales partidos de la oposición.
La diputada del PP Isabel Borrego ha recordado a Bolaños que todo cambio constitucional debe partir del «espíritu de pacto» y del «sosiego político». «Todo esto se hace imposible cuando se quiere sacar rédito político de las modificaciones», ha afirmado, y ha acusado a La Moncloa de emprender la reforma constitucional «de forma irresponsable y sin consenso». La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra , anticipó el martes que no es «el momento político» para tocar la Constitución, habida cuenta de los socios que sustentan al Gobierno.
Borrego se ha mostrado partidaria de la sustitución de 'disminuidos' por 'personas con discapacidad', pero ha lamentado que el Ejecutivo haya desoído el dictamen del Consejo de Estado. Además, ha reclamado volver a la «casilla de salida» y que sea el Parlamento quien impulse esta reforma y que se delimite claramente al artículo 49. «La Constitución no es del Gobierno, es de todos. Y debería delimitarse la modificación. ¿Sabe qué melón han abierto? ¿Van a asumir las propuestas de sus socios?», ha preguntado a Bolaños.
Falta «legitimidad moral»
La secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Macarena Olona , ha cargado contra la reforma con argumentos similares. «Su soberbia», ha dicho, les hace ignorar al Consejo de Estado. Además, ha aseverado de que ni el Gobierno ni el Parlamento actual tienen «la legitimidad moral necesaria» para un cambio en la Constitución porque han cometido «los ataques más obscenos» contra la Carta Magna con el «estado de excepción encubierto» y «la mordaza» al Congreso durante el primer estado de alarma por el coronavirus.
Joan Ruiz , del Grupo Parlamentario Socialista, ha señalado al PP como «rehén de Vox» e Ismael Cortés , de Unidas Podemos , les ha preguntado si «todo vale» con tal de hacer oposición al Gobierno de coalición. Las críticas a los dos principales partidos de la oposición se han sucedido en las intervenciones de Compromís , PDECat y Junts . También Sara Giménez , de Cs, ha reclamado una rectificación al PP y a Vox y les ha invitado a «remangarse» y a introducir «mejoras» en un texto cuyo fondo ha defendido.
«Las señorías del PP y de Vox están poniendo obstáculos (...). Rectifiquen, trabajemos y andemos este camino juntos», ha clamado Giménez en un discurso aplaudido también por la izquierda. La diputada de Cs ha asegurado además que el Consejo de Estado no está en contra de la reforma en sí, sino que plantea mejoras como hará su grupo en la tramitación. Si no hay cambios en la postura del PP o de Vox, la reforma constitucional se verá abocada al fracaso.
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