Rajoy se plantea matizar las condiciones que fijó Rivera
El PP cree que la medida de expulsión de imputados será la de más coste interno
Aunque apenas ocupaban un folio, las seis medidas expuestas por Albert Rivera a Rajoy como condición «sine qua non» para negociar la investidura están siendo desmenuzadas a fondo en el Partido Popular. Ya adelantó Rajoy que había que estudiar con suma atención «todas sus implicaciones» . Y en ello se están empleando en el partido, donde no descartan que el miércoles, ante el Comité Ejecutivo Nacional, plantee algún tipo de «transaccional» que matice y puntualice aspectos concretos de algunas de estas condiciones exigidas por Ciudadanos. Un asunto espinoso, por las reticencias de Ciudadanos: ayer mismo, su secretario de Comunicación, Fernando de Páramo , advertía: «Si el PP no firma las seis condiciones de Ciudadanos contra la corrupción y por la regeneración, no habrá mesa de negociación y bloquearán España».
Vistas una por una, en el PP tienen claro cuáles van a ser las medidas más problemáticas y cuáles no plantean ninguna segunda lectura. En la cúpula popular entienden que de todas ellas, la que sin duda tendría más coste mediático sería la comisión de investigación sobre los llamados «papeles de Bárcenas».
Este tipo de comisiones se han convertido casi en la «marca de la casa» de Ciudadanos: en la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes C’s y el resto de partidos le impusieron poner en marcha una sobre corrupción que abordó el «caso Gürtel», y que llevó a declarar a dirigentes del PP-Madrid, entre ellos la expresidenta Esperanza Aguirre. Y en Andalucía, donde es al PSOE a quien apoyó Ciudadanos para poder gobernar, fue la presidenta regional Susana Díaz la que tuvo que testificar en la «comisión de los ERE».
Sin embargo, son muchos en el PP los que piensan que de todas las condiciones puestas por Rivera, la que más coste interno tendrá para el partido será la de expulsar a los cargos públicos en cuanto sean imputados. En este caso, las matizaciones podrían referirse a la concreción de la medida . Por ejemplo, para qué tipo de delitos se aplicaría.
Aforamientos: punto medio
La tercera de las premisas es la eliminación de los aforamientos. En este caso, advierten en el PP que esta propuesta tiene implicaciones constitucionales, y por ello necesita el concurso del PSOE para poder ser aprobada.
Estiman además que, antes de llevarse adelante una modificación de este tipo, debería abrirse un amplio debate entre expertos en leyes y políticos. Y sugieren llegar a «puntos intermedios» que permitan retirar los aforamientos excepto algunos concretos, como el del Jefe del Estado o los fiscales.
En cuanto a la modificación propuesta de la Ley Electoral, en el PP están tranquilos con esta condición, porque juzgan que «Rivera ha sido lo suficientemente ambiguo en su planteamiento para que éste sea sólo un punto de partida » que pueda aceptarse sin problemas para luego desarrollarlo.
La supresión de indultos para casos de corrupción es una medida que el PP incluyó en el documento que entregó a Ciudadanos
Advierten, no obstante, de la necesidad de estudiar «muy a fondo» todas las derivadas de este cambio legal, como qué pasaría con las formaciones nacionalistas, o si es realmente más efectivo que las circunscripciones sean autonómicas en lugar de provinciales .
La quinta petición es eliminar los indultos para condenados por casos de corrupción. Una medida que, en principio, no debería causar ninguna duda entre los populares, ya que ellos mismos la incluyeron entre las «prioridades urgentes» que debían negociarse con Ciudadanos en el documento que Rajoy entregó a Rivera el pasado 3 de agosto.
Por último, Rivera fijaba como necesaria la limitación de los mandatos. Una medida que está en la filosofía del PP desde la Conferencia Política de julio de 2015, cuando lo defendió el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno . Él proponía ocho años, dos legislaturas, de límite tanto para el Gobierno de la nación como para los ejecutivos autonómicos y los grandes ayuntamientos, e incluso para los cuadros del partido.
Ahora, dicen en el PP que en todo caso esta medida no puede imponerse por regulación jurídica -salvo tal vez en el caso de los Ayuntamientos, a través de la Ley de Bases de Régimen Local -, sino que debería ser producto de un «pacto entre caballeros», un acuerdo entre fuerzas políticas.
En esa misma Conferencia Política, Juanma Moreno puso sobre el tapete debates como evitar que una misma persona acumulara más de un cargo institucional y orgánico, o que los congresos fueran «asamblearios». Y, en algo parecido a una premonición, defendió la necesidad de que los órganos colegiados como el Comité Ejecutivo o la Junta Directiva, sirvan «para analizar, para confrontar, para llevar proyectos, y si no hay consenso, también para votar si fuera necesario».
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