Puigdemont da un paso al lado, tras el reto del Parlament al TC apoyando el 1-O
El expresidente catalán propone al preso Jordi Sànchez como su sucesor y anuncia un «Consejo de la República»
El Gobierno responde indicando que: «Un fugado de la Justicia no va a vivir a costa del erario público»
Primer paso para un posible desbloqueo institucional en Cataluña. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia desde el pasado mes de octubre, anunció ayer por la tarde que «provisionalmente» retira su candidatura para repetir en el cargo y abre el camino para que Jordi Sànchez, número dos de Junts per Catalunya (JpC), expresidente de la ANC y en prisión provisional en Madrid, acusado de varios delitos, le suceda como presidente autonómico.
Así, queda en manos del magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra Sànchez, Pablo Llarena, que aquel pueda asistir al pleno de investidura, una vez que Roger Torrent (ERC) , presidente del Parlamento de Cataluña, realice la correspondiente y protocolaria ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Una ronda que Torrent abrirá «a principios de la semana que viene», según informaron fuentes de la presidencia.
Puigdemont, en un vídeo subido a internet y que el canal de información continua de TV3 emitió íntegro, advirtió, sin embargo, que no tiene intención de «claudicar», ni «renunciar», ni piensa en «retirarse»; y que afronta «una nueva etapa» ya que coordinará al futuro «gobierno del interior» a través de un «Consejo de la República» desde Bélgica. Para poner en marcha esta «nueva etapa» convocará a todo el Parlament a «una reunión solemne» que tendrá lugar en los próximos días, previsiblemente, en Bruselas.
El expresidente autonómico también tuvo tiempo -en sus más de 13 minutos de intervención- para cargar duramente contra el Rey Felipe VI, el Gobierno de España y los medios de comunicación nacionales. En esta línea, anunció que ha presentado una denuncia contra España ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU por considerar que se está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos.
La respuesta del Gobierno a este paso al lado fue inmediata. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, en declaraciones a la cadena Cope, indicó que: «Puigdemont ha estado mareando la perdiz un mes y medio para tener que aceptar lo que era indudable desde el primer momento, y es que no podía ser presidente de la Generalitat. Ha tomado esa decisión por la firmeza y la determinación del Gobierno, que desde el primer momento tuvo muy claro que no podía someterse a la investidura. (...) Ha hecho perder el tiempo a los catalanes, y aquí no hay renuncias provisionales, también era provisional la renuncia del señor Mas y mire dónde estamos». En la misma línea, fuentes del Ejecutivo recordaron que este seguirá velando por la legalidad, «incluido por el uso correcto del dinero público. Un fugado de la Justicia no va a vivir a costa del erario público», informa Mariano Calleja .
Desobediencia
Solo unas horas antes de la decisión del expresidente autonómico, se celebró una tensa sesión en el hemiciclo del Parque de la Ciudadela de Barcelona. A falta de un pleno de investidura, el Parlament vivió una nueva jornada en la línea de los plenos de septiembre y octubre del año pasado, cuando la mayoría independentista vulneró los trámites parlamentarios y culminó la desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) con la aprobación de las leyes de desconexión, la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia (DUI) del 27 de octubre.
La mayoría independentista se impuso en la Mesa para tramitar una propuesta de resolución que los letrados advirtieron podría contravenir las resoluciones del TC que señalan que los miembros de la Mesa tienen que «impedir» o «paralizar» cualquier iniciativa que suponga ignorar las resoluciones del TC sobre el 1-O.
«Esta propuesta de resolución es el punto de partida del proyecto republicano que queremos proponer a la ciudadanía de Cataluña. (...) Nadie nos hará callar, ni abdicar de los principios y las ideas que defendimos ayer, que defendemos hoy y que defenderemos mañana. (...) Ponemos en marcha, hoy, el proyecto republicano para Cataluña». Con estas palabras, Quim Torra , portavoz ayer de JpC, defendió el texto a votación durante el trámite en el hemiciclo, dando la razón, sin quererlo, a los letrados del Parlament y los tres grupos constitucionalistas que advirtieron de las consecuencias penales que puede tener admitir a trámite una propuesta de este tipo.
Bronca y sin los dos meses
Bajo el paraguas de reconocer a Puigdemont como «legítimo candidato» para repetir al frente de la Generalitat, la propuesta de resolución de JpC, acordada con la CUP y con el visto bueno de ERC, «exige que cesen las injerencias del Gobierno del Estado ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional que pretenden impedir la materialización de esta voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña, así como la que fue legítimamente expresada en el Referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre».
Además, el texto incluye la «determinación» para que el Parlament y su presidente «activen de manera inmediata», entre otras medidas, «las leyes y decretos sociales y medioambientales aprobados en esta Cámara en la pasada legislatura y suspendidos por el Tribunal Constitucional español».
Justo antes de la votación de este punto, David Pérez (PSC), secretario de la Mesa, advirtió de la disconformidad de los letrados -expresada en la reunión previa de la Mesa- y de las obligaciones que pesan sobre los miembros del máximo órgano de gobierno parlamentario. El texto se aprobó sin la participación de los diputados de Cs, el PSC y el PP, que se mantuvieron en sus escaños pero no votaron.
Pese a que la propuesta acordada por JpC y la CUP, finalmente, rebajó el contenido de las enmiendas presentadas por los antisistema (pedían hacer un reconocimiento explícito de la DUI del 27 de octubre), los letrados advirtieron a los miembros de la Mesa de que el texto final debía contar con su visto bueno. Una calificación positiva que no se hizo y que Torrent negó , alegando que los textos transaccionados (acuerdo de dos grupos o más tras una enmienda) de una propuesta de resolución no han de pasar por la Mesa.
En este punto se centró la bronca inicial entre Torrent y el vicepresidente del Parlamento catalán, José María Espejo-Saavedra (Cs), quien intervino desde su escaño y pidió, sin éxito, que la Mesa se posicionara sobre el texto definitivo y que los letrados se manifestaran en público. Antes de que finalizara el pleno , Cs anunció que en los próximos días acudirá en amparo al TC, porque considera vulnerados los derechos de sus diputados.
La misma sesión sirvió para rechazar -gracias a la mayoría independentista- las propuestas del PSC y el PP, que indicaban abierto el plazo de los dos meses para la elección del presidente, un proceso bloqueado por Torrent el 30 de enero al aplazar «sine die» la candidatura de Puigdemont.
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