Congreso de los Diputados
El PSOE propone que diputados y senadores no puedan tener un segundo trabajo en una empresa
Solo quieren permitir la administración del patrimonio, la producción y creación literaria, científica, artística o técnica
Los diputados o senadores no podrían cobrar por sus cargos en los partidos, conferencias o colaborar con la universidad
Los socialistas declarar tener dudas sobre la idoneidad de las declaraciones extraordinarias de unos 40 diputados
El PSOE quiere extender al Congreso de los Diputados la limitación que ya figura en su régimen interno: la dedicación exclusiva de diputados y senadores a la labor parlamentaria.
Justificándolo como una exigencia de la sociedad, los socialistas han lanzado una propuesta para impulsar la ampliación del régimen de incompatibilidades establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de manera que los parlamentarios solo puedan simultanear sus labores con las actividades privadas realtivas a la administración de su patrimonio, la producción y creación literaria, científica, artística o técnica y las publicaciones derivadas de ellas.
Si no percibieran remuneración el abanico de actividades se abriría hasta poder ocupar cargos en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales, asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro así como colaborar con centros docentes o medios de comunicación y participar en conferencias o seminarios.
Además, los socialistas quieren que la Comisión del Diputado pueda requerir la comparecencia de los diputados que desarrollen actividades laborales paralelas que necesitan de autorización, para que informen sobre sus razones para llevarlas a cabo. En la legislatura actual, unos 40 diputados.
Ocupaciones de las que recela el vicepresidente de la Comisión del Estatuto, Juan Carlos Sahuquillo, y que han llevado esta mañana a los socialistas a abstenerse en la aprobación del dictamen sobre las actividades extraordinarias de los diputados. El informe será sometido a la votación del Pleno el próximo mes de marzo por el procedimiento secreto.
Además, quieren que este mismo órgano tenga potestad para requerir anualmente a todos ellos información sobre las variaciones que puedan haberse producido en la prestación de sus servicios.
También quieren establecer el deber de los parlamentarios de mantener actualizadas sus declaraciones de actividades así como la prohibición de que puedan iniciar actividad alguna sin haber recibido autorización de manera previa. Por último, quieren determinar sanciones en el caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones.
La propuesta está ahora en manos de la Mesa del Congreso y del resto de los grupos parlamentarios.
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